Eran las 07:30, meseros, técnicos y asistentes preparaban el Salón Imperial del hotel Dann Carlton, en el norte de Quito, para recibir a los representantes de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE) y de los medios de información.

Banqueros y periodistas -nacionales y extranjeros- fueron convocados al desayuno de trabajo “para discutir los efectos de la Ley para la Redistribución del Gasto Social en trámite al interior de la Asamblea Nacional”, se exponía en la invitación enviada dos días antes a las redacciones de los medios. En la invitación se aseguró  que intervendrían  “expertos que analizarán las consecuencias económicas que tendrá el proyecto gubernamental”.

A las 08:00 las puertas del salón ya estaban abiertas y los asistentes registraban su asistencia en una hoja asignada por la asociación; las cámaras se colocaron, los periodistas pidieron declaraciones previas al único representante de los banqueros que asistió, César Robalino, presidente ejecutivo del gremio de bancos privados.

Antes de encender las cámaras, Robalino saludaba y acomodaba su traje gris, camisa blanca y corbata lila. Las declaraciones se dieron en la puerta del salón para sostener lo que dijo antes en la Asamblea: “el proyecto de Ley deber ser archivado”, como la única salida para evitar -según él- la “afectación” al sistema bancario del país. 

Mientras las declaraciones se hacían más severas en contra del proyecto de Ley, los periodistas acomodaban las cámaras, micrófonos y grabadoras. Ante cada pregunta Robalino tenía una queja sobre los temas que contempla el proyecto de Ley, entre ellos: el cambio de tarifa al impuesto a los activos y subsidiarias en el exterior, el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por servicios financieros, la eliminación del beneficio por reinversión en crédito y el cálculo del anticipo tributario.

El titular de la ABPE incluso sonrió cuando se le preguntó sobre la aseveración del director de Rentas Internas, Carlos Marx Carrasco, del pasado 24 de octubre, cuando dijo que el Estado sólo recibió de la banca -por impuestos en el 2011- $ 170 millones y no $ 309 millones como dijo la banca en un comunicado del 19 de octubre de 2012.

Al respecto, Robalino dijo que esa es la cifra global destinada por los bancos privados como aporte al Estado por concepto de impuestos, tasas, contribuciones. Los cuestionamientos iban y venían en la improvisada rueda de prensa hasta tocar el punto de la fijación de los salarios de los altos ejecutivos de la banca a través de una resolución de la Junta Bancaria: “de ese tema yo no hablo” dijo; pero, ¿por qué?  preguntaron los periodistas y él solo manifestó:  “vengan, les invito a tomar asiento para iniciar el análisis de la Ley”.

En el salón se acondicionó un espacio para 40 personas. Todos se distribuyeron en seis mesas (7 periodistas de agencias y 28 representantes de medios nacionales). Para la exposición se preparó un podio, un pizarrón de tiza líquida y una mesa con un proyector. 

Robalino se encargó de la bienvenida y la presentación del único experto, el economista Marco López, quien fue miembro del Directorio del Banco Central, analista y que en los últimos días ha presentado varios criterios sobre la ley en entrevistas para radio, prensa y televisión.

Ya en el podio, López se refirió a la crisis mundial, las funciones de la economía y recordó la crisis financiera y bancaria que vivió Ecuador en 1999: “no estoy para analizar quien tiene la culpa de la crisis bancaria y cada uno, si quiere, quémenlos en la hoguera a los banqueros y a quienes administraron los bancos en esa época; ese no es mi problema. Lo que me interesa es el análisis de la crisis financiera, de la crisis económica, hay que analizar el tema desde la real importancia del sistema financiero en la economía”.

López añadió que tras conocer la propuesta de Ley -que se presentó al Legislativo el pasado 24 de octubre- dijo que cuando alguien defiende al sistema financiero le ponen un INRI. Con mis criterios planteo una posición que defiende a clientes de la banca, casi 7 millones, “no se defiende al banquero, a mí no me importa lo que le pase a banqueros como Fidel Egas, Guillermo Lasso... acepté dar esta conferencia con la libertad y la independencia que tengo de no conocer la casa de ningún banquero. Felizmente, no porque sean malas personas, no me ha unido ningún lazo de amistad que me lleve a conocer la casa de ellos; jamás he estado invitado a ninguna reunión social de ningún banquero, nunca he estado en el cumpleaños, bautizo de ningún nieto, eso me da la independencia para opinar”.

Mientras López emitía sus planteamientos, Robalino permanecía en una de las mesas sentado como uno más de los periodistas, hasta que llegaron las conclusiones: desde mi punto de vista económico, dijo el experto, el proyecto es inconveniente para el desarrollo del Ecuador porque reduce el respaldo patrimonial de las instituciones financieras, limitando el crecimiento del crédito. Esta aseveración fue apoyada por Robalino, quien daba el turno para las preguntas a los periodistas.

López agregó que el proyecto es discriminatorio y contrario a los preceptos constitucionales porque trata de manera diferente a sujetos pasivos que están en igualdad de condiciones y cerró su intervención con una interrogante: ¿Qué pasaría si los banqueros le toman la palabra al Presidente de la República de nacionalizar la banca?

Tras el diálogo de hora y media, Robalino despidió a los representantes de los medios que se quedaron escuchando  la intervención de López; varios de los comunicadores dejaron el Salón Imperial para acudir a la Asamblea, donde se instaló el primer debate del proyecto de Ley.