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El Telégrafo
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IEPI entrega perchas a los comerciantes audiovisuales

IEPI entrega perchas a los comerciantes audiovisuales
01 de febrero de 2014 - 00:00

Máximo Mirabá tiene seis años en la comercialización de películas y música en un local ubicado en 9 de Octubre y Santa Elena, en el centro de Guayaquil. En los últimos dos años su negocio ha pasado de la ilegalidad del material audiovisual a su regularización, por medio del proceso que ha emprendido el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) en defensa de los autores nacionales.

La campaña No agredas a tu propia industria, desde noviembre de 2013, es una de las estrategias del IEPI para integrar a más comerciantes en el proceso de regularización. Como parte de esta iniciativa, el jueves 30 de enero se entregaron simbólicamente perchas, mochilas y chalecos a los comerciantes que conforman la cadena de la industria creativa ecuatoriana, que con 60.000 tiendas para su distribución y un aporte del 1% a los ingresos del país, según datos del IEPI, se constituye como una de las más grandes del país.

El director ejecutivo del IEPI, Andrés Ycaza Mantilla, anticipó la distribución de este material en los próximos días en 1.000 puntos de venta en Guayaquil, Quito, Cuenca y Santa Elena.

Durante el evento se anunciaron los diálogos que mantiene la institución con firmas disqueras internacionales, como Sony Music y Universal Music, para su integración en este espacio, según Ycaza, que además de permitir el acceso legal a la cultura y el retorno de la inversión a los autores de las obras, posibilita el ajuste de costos de las obras al tamaño del mercado nacional.

Omaira Moscoso, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Comerciantes y Distribuidores de Productos Audiovisuales (Asecopac), recalcó la desaparición de copias piratas de cine ecuatoriano del mercado, en un proceso que, según ella, “no tiene marcha atrás”.

Dentro del público figuraban también comerciantes que no se han acogido a la regularización, quienes de no hacerlo pueden enfrentar sanciones de la ley, que van desde los 500 hasta los 10.000 dólares, incluso la posibilidad de que sean clausurados.

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