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El Telégrafo
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El ejercicio de la propiedad intelectual en la industria musical sigue siendo parcial en el país

Asociarse y hacer cumplir la ley es clave al cobrar derechos de autor

El desplazamiento del CD como soporte musical ha creado una nueva forma de piratería: la virtual.
El desplazamiento del CD como soporte musical ha creado una nueva forma de piratería: la virtual.
Foto: Miguel Jiménez / El Telégrafo
25 de octubre de 2016 - 00:00 - Redacción Cultura

Las notas de un pasillo resuenan en las calles cercanas al parque El Ejido, uno de los pocos sectores donde aún se ofertan CD piratas. La letra de la canción es un poema escrito por Medardo Ángel Silva y la música originalmente la compuso Francisco Paredes. El vendedor —con camisa y un griterío en la acera— dice que tiene tres versiones: ‘El alma en los labios’, de Julio Jaramillo, la interpretada por Olimpo Cárdenas y una más reciente, de Juan Fernando Velasco. El precio final es ínfimo y no cubre los derechos de autor, una condición que los numerosos escuchas de la calle suelen pasar por alto.

Estas garantías para ejercer la propiedad intelectual —consagradas en la Convención Universal sobre Derecho de Autor de 1952— se dividen en morales y patrimoniales. Las primeras consisten en que las obras son propias de sus creadores, es decir, intransferibles, irrenunciables e imprescriptibles; mientras que las otras tienen que ver con las licencias a terceras personas para que reproduzcan, comuniquen públicamente, distribuyan, importen o transformen las obras.

La titularidad de los derechos patrimoniales para una persona natural durará toda su vida y, a partir de su muerte, 70 años adicionales. Mientras que, para personas jurídicas, la titularidad es de 7 décadas contadas a partir de la realización, divulgación o publicación de obras.

Para el ejercicio de estos derechos están las sociedades de gestión colectiva, personas jurídicas de derecho privado y sin fines de lucro que se encargan de recolectar los derechos patrimoniales de las obras que les han sido confiadas.

En Ecuador, estas sociedades son tres: Sarime (Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador), Soprofon (Sociedad de Productores de Fonogramas) y Sayce (Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos).

Las regalías por difusión radial

Álvaro Rosero León, director de la radio Exa, dice que quienes administran radios reciben facturas anuales de las tres sociedades de gestión colectiva. Los montos que pagan por difundir música hecha o interpretada en el país están determinados según la Ley de Propiedad Intelectual y un acuerdo que los tres entes citados tuvieron con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) respecto de las ventas que declaran en el impuesto a la renta que pagan cada año.

A fines de septiembre, el radiodifusor le dijo a un auditorio de la Casa de la Música —conformado por 80 gestores culturales y músicos— que los administradores de las emisoras desconocen lo que las sociedades de gestión hacen con los recursos que recaudan. Estas sociedades tienen sus propios mecanismos de vigilancia, software específico que controlan las transmisiones.

El artista y productor musical Ivis Flies explica que las recaudaciones por interpretación en conciertos son receptadas por Sayce, mientras que Sarime y Soprofon únicamente se encargan de monitorizar programas radiales y ejecución en lugares públicos. Este gestor cultural integra AYA Records, Pulso y Terrasónica, y señala que en el catálogo de música ecuatoriana está registrada la música popular o pop, mientras que otros géneros no tienen mayor presencia en medios de comunicación. “La distribución de regalías por derechos de autor se está quedando en éxitos radiales y televisivos”.

Por esto, la difusión musical a través de espacios autogestionados, que van de las redes sociales a los conciertos en bares, ha sido una de las alternativas para los músicos independientes del país a la hora de cobrar por su trabajo creativo.

Frente al tema del cumplimiento de derechos de autor en Ecuador, el compositor Álex Alvear dice —medio en broma, medio en serio— que le provoca “una mezcla de desilusión y pánico”. El músico vivió casi 18 años en Estados Unidos y allí se afilió a Ascap (American Society of Composers, Authors and Publishers), la  mayor asociación de gestión del planeta.

Entonces, Alvear recibía regalías cada cuatro meses. Sayce está vinculada a Ascap, pero el autor dice que, en cuatro años de membresía, por esta última, solo ha recibido $ 430 sin que le den un reporte de las razones que expliquen ese monto. “En esas condiciones es difícil ver esta profesión como rentable, pero no podemos esperar que el Estado asuma el rol que una sociedad de gestión tiene que cubrir, mejor sería que establezcamos una relación saludable de vigilancia y transparencia”.

Los avances legales en relación con la propiedad intelectual

El proyecto de Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación —conocido como Código Ingenios— fue aprobado por el pleno de la Asamblea Nacional, el pasado 4 de octubre. El articulado prevé rubros que corresponden a regalías base. Por ley, aunque no exista un contrato, se reconocería un porcentaje a las personas autoras titulares de obras musicales, lo que impulsaría al sector sin cerrar la posibilidad de que las partes puedan pactar libremente, formalizando una relación.

“El Código Ingenios no solo obliga a las sociedades de gestión a rendir cuentas, sino también a capacitar a sus beneficiarios sobre su labor, fomentando la actividad creativa de los socios, a la vez que las prácticas inherentes al objeto social deberán ajustarse a la realidad nacional”, explica Karín Jaramillo, directora nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) y añade que “esta asociatividad y la desprecarización en las relaciones contractuales de la tarea creativa son fundamentales para el desarrollo de la industria musical”.

Los piratas virtuales

Las descargas gratuitas de música en internet tampoco suelen cubrir los derechos de autor de los compositores y ejecutantes. Son la escala virtual de la piratería.

El cantante Juan Fernando Velasco señala que hay empresas que monitorizan las reproducciones en la red, también controlan los videos no autorizados y cobran por ese trabajo. Por ello Velasco hace una sugerencia: “Hoy los artistas debemos estar pendientes de lo que ocurre en las redes, organizarnos y usar las plataformas musicales para no perdernos ante su cambio acelerado, porque cuando el CD desapareció se creía que iTunes lo reemplazaría y ahora tiene una competencia que ha desplazado todo”.

“Las radios, en nuestro país, privilegian a ciertos artistas, los hacen sonar muchísimo más y eso hace que la repartición de regalías sea mayor para esos exponentes”, explica Velasco. El compositor Darío Castro dice que el cobro de derechos tiene que ver con una gestión propia de los autores e intérpretes que, para su caso en particular, ha durado 12 años en Sayce. (I)

Datos

Los géneros musicales alternativos son menos difundidos en los medios y generan menos regalías.

El desarrollo tecnológico ha hecho que las sociedades de gestión se enfrenten con nuevos retos a la hora de cobrar regalías por los derechos de autores y compositores.

Las sociedades de gestión en Ecuador son: Sarime (Sociedad de artistas, intérpretes y músicos ejecutantes del Ecuador), Soprofon (Sociedad de productores de fonogramas) y Sayce (Sociedad de autores y compositores ecuatorianos). En el campo audiovisual están Egeda (Sociedad de los derechos de productores audiovisuales) y Uniartes (Unión de artistas y autores audiovisuales).

El Código Ingenios (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación) se aprobó el 4 de octubre con 88 votos a favor, 22 negativos y una abstención, en la Asamblea Nacional.

El músico Álex Alvear ha recibido $ 430 de regalías en cuatro años de afiliación a Sayce.

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