El seleccionado argentino de Lionel Messi jugará la Copa América Centenario a pesar de la severa crisis que atraviesa la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en riesgo de intervención por parte del gobierno de Mauricio Macri a raíz de supuestas irregularidades económicas y administrativas.

“No hay ninguna posibilidad de que la seleción no juege la Copa América y que Boca no juegue la Libertadores” frente a Independiente del Valle, dijo este martes el titular de la AFA, Luis Segura, después que la Inspección General de Justicia suspendió las elecciones de la entidad previstas para el 30 de junio y nombró dos veedores oficiales. Segura además negó que piense renunciar a su cargo.

La medida del organismo -dependiente del ministerio de Justicia - fue tomada por muchos dirigentes como un primer paso para una intervención de la entidad rectora del fútbol argentino. Incluso,el vicepresidente Claudio “Chiqui” Tapia, titular del club Barracas Central, de la tercera categoría de ascenso, calificó como un “atropello” la decisión de suspender los comicios por tres meses, renovables por un lapso similar. Incluso, un comunicado de la AFA ratificó la realización de las elecciones a pesar de la medida oficial.

“No llamaría a esto intervención porque no hay interventores. El gobierno, con todos los problemas que tiene, no creo que se meta en el fútbol y no va a decidir los destinos de AFA”, apuntó Segura, quien decidió no presentarse a la reelección.

Pero en los últimos días cobró fuerza un plan atribuido al gobierno de intervenir la entidad para impulsar una nueva estructura en el fútbol, supuestamente apoyado por la FIFA de Gianni Infantino, aprovechando la dura interna que vive el fútbol local con sectores enfrentados y la amenaza de crear una Liga paralela por parte de los equipos más poderosos descontentos con la reparitición del dinero. Según fuentes de la AFA, Macri pactó con la FIFA una “intervención light” para evitar sanciones internacionales -que dejarían fuera de competencias internacionales a la selección y a los clubes- a través de una “comisión normalizadora”. La idea, según dijeron a EL TELEGRAFO fuentes que investigaron el caso, es impulsar una solapada “privatización” del fútbol nacional a través de millonarias inversiones al estilo de la liga inglesa.

La decisión de la Inspección General de Justicia (IGJ) fue anunciada el lunes ante irregularidades “administrativas y económicas” denunciadas por la jueza María Servini de Cubría. “No es una intervención”, aseguró el titular de ese organismo, Sergio Brodsky, un hombre afín a Macri y al presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, un dirigente que creció bajo el ala del mandatario nacional. Macri fue incluso presidente del club más popular del país entre 1995 y 2007.

Servini de Cubría investigó el destino que dio la AFA a los millonarios fondos públicos aportados a través del contrato televisivo Fútbol para Todos (FPT) firmado con el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que posibilitó la transmisión gratuita por canales de aire de todos los partidos de primera división del fútbol argentino desde el 2010, rompiendo años de monopolio del Grupo Clarín. Hasta aquel año, el que quería ver los partidos en directo debía pagar un canon mensual a su operadora de cable, que se sumaba al costo del servicio. Sólo podían ver fútbol las clases medias y acomodadas. El resto debía conformarse con apiñarse en un bar que hubiera contratado el servicio pago o contentarse con ver los goles al final de la jornada en un programa deportivo de un canal de ese monopolio mediático.

   La jueza estaría preparando los procesamientos de varios exjefes de gabinete “kirchneristas” y de hasta dirigentes deportivos por serias irregularidades en el manejo de los fondos girados por el Estado a Fútbol para Todos, que suman unos 6.000 millones de pesos (428 millones de dólares).

El nuevo gobierno neoliberal impulsa un Estado sin injerencia económica en el fútbol, con televisación privada de todos los partidos, una SuperLiga y clubes convertidos en sociedades anónimas que rompan con la estructura actual de sociedades civiles conformada por sus socios, que eligen democráticamente a sus autoridades en asambleas.

Mientras tanto, la situación en la AFA es caótica. En diciembre se debieron suspender las elecciones después del papelón sufrido por el empate entre los dos candidatos en pugna, Luis Segura y su rival, el popular animador de TV y vicepresidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli. El resultado fue 38 a 38, para un total de 76 votos, cuando en realidad sufragaron 75 dirigentes. Hoy, a pocos días del debut del seleccionado ante Chile este lunes, al técnico de la selección, Gerardo Martino, se le adeudan siete meses de sueldo.

En el medio, la interna está que arde. Por un lado el poderoso jefe sindical y presidente de Independiente, Hugo Moyano, que arrastra a los clubes del ascenso gracias a su yerno, Claudio Tapia, titular del humilde Barracas Central, y por el otro el propio Tinelli. Es un secreto a voces que el gobierno de Macri no quiere que Moyano asuma en la AFA. ¿El motivo? No quiere darle más influencia en la escena nacional a un gremialista que ya lidera la central obrera más poderosa del país (la llamada CGT-Azopardo) y que puede convertirse en un enemigo peligroso ante la difícil situación social que vive el país y que además puede ser un escollo ante la avanzada neoliberal en el fútbol local.

   Macri quiere adoptar en el fútbol el mismo modelo que busca imponer en el país.