La presión ejercida por el narcotráfico y la corrupción acumulada durante décadas en México, gracias a la tolerancia del entonces hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a una sociedad sin anticuerpos que se habituó a la presencia de corruptos y narcos como si fueran parte del paisaje natural, ha provocado una fisura profunda que desquebraja las instituciones y el tejido social.
Aunque el problema mexicano se hizo visible para la comunidad internacional por los altos índices de violencia, particularmente en los últimos años, en realidad lo que sucede en México es un largo proceso de descomposición política, económica y social, que debe al menos servir como ejemplo a otras naciones y sociedades.
En los últimos 18 años, México ha sido fuertemente sacudido por episodios que corresponden a países en guerra declarada y que, en cualquier otro contexto, habrían sido reprobados por la comunidad internacional, y habrían movilizado a la ciudadanía para exigir a las autoridades poner fin a la violencia y la perversa impunidad que la acompaña.
La complicidad e inacción de las autoridades ha provocado que, en el contexto de disputa entre los carteles de la droga para intimidar a sus rivales y a la sociedad, poco a poco, los límites de su violencia se fueran moviendo hasta pasar a ser terrorismo.
Si alguien pudiera decir cuándo comenzó a romperse con claridad la frontera entre una cosa y otra, yo diría que fue en septiembre de 2006, cuando en una discoteca de Uruapan, Michoacán -al suroeste de México-, aparecieron cinco cabezas humanas rodando en la pista de baile.
El rostro de la barbarie mostraba una nueva faceta para infundir miedo, no solo al grupo criminal rival, sino a la sociedad en general, amplificado por la cobertura mediática.
Nunca antes se había visto algo similar, aun cuando la guerra entre los diversos carteles de la droga tiene sus inicios en México alrededor de 2002. (O) * Tomado de la DW
