Israel y el mundo entero está en shock. Entre enojadas e indignadas, miles de personas se volcaron a las calles para protestar la brutal violación grupal de 30 hombres a una menor de 16 años ocurrido días atrás en Eilat. Sí, es monstruoso, inhumano y escalofriante, los violadores hicieron fila esperando turno para poder abusar sexualmente de la adolescente. En el 2018, se registraron 1.166 denuncias de violación en Israel, pero apenas el 10% recibieron condena. Los casos de violaciones grupales son varios, en 2019, ocho adolescentes violaron a una niña de once años; y doce adolescentes abusaron sexualmente a una joven de diecinueve años.

El caso en Eilat ha generado que miles de mujeres rompan el silencio y relaten los abusos de los cuales han sido víctimas. Son tantos testimonios que, al leerlos, no se pueden contener las lágrimas. Según cifras oficiales, 84.000 mujeres son agredidas en un año, es decir, 230 cada día; lo que significa que una de cada cinco mujeres en Israel será agredida sexualmente en su vida. 

Por su parte, el gobierno expresó su rechazo ante los abusos en Eilat. Pero esto no es suficiente, se requieren verdaderos planes y/o políticas públicas para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres; así como su protección en todos los espacios y aspectos de su vida. La violencia contra la mujer merece, además, un presupuesto del Estado, pues constituye una grave problemática que debe ser combatida con carácter urgente. Cabe recordar que la violación es reconocida como una vulneración de derechos humanos y es un indicador de desigualdad de género en todos los aspectos.

Ecuador no es ajeno a esta realidad, según la Policía Judicial en promedio se registran alrededor de 42 denuncias diarias por abuso sexual y acoso. Por supuesto, estas cifras están lejos de la realidad puesto que muchos de los casos no son denunciados. No obstante, en lugar de prevenir y erradicar los diferentes tipos de violencia contra las niñas y mujeres, se redujo un 84% el Presupuesto General del Estado para el 2020, haciendo inviables las políticas para atender estas problemáticas en un país donde cada 72 horas se registra un feminicidio. Del mismo modo, estas acciones traen consecuencias directas para las mujeres violentadas por un sistema que, a pesar de estar enmarcado en un Estado de derecho, no protege verdaderamente a las víctimas, ni garantiza su reparación. (O)