El Gobierno ha realizado esfuerzos para mejorar la educación a todo nivel. Las políticas apuntan a elevar la eficiencia y buscar desde este ámbito contribuir a mejorar la producción, con altos índices de productividad, en los diversos sectores.
En esa línea se inscriben la creación de universidades, miles de becas otorgadas, incorporación de docentes e investigadores del exterior, infraestructura y equipamiento moderno, etc. No obstante, los aspectos organizativos y metodológicos empleados en las universidades no han sido los más adecuados. Se ha utilizado mecanismos y organizado equipos humanos que han merecido duras críticas. Las formas universales, indiscriminadas de evaluación, intervención, calificación y categorización, han creado problemas y justificadas críticas.
Desde el Ceaaces y el Consejo de Educación Superior (CES) se ha evaluado y ubicado a universidades en categorías inferiores, tal es el caso de la UG, que además sufre de un dilatado intervencionismo, a través de una comisión integrada por personas sin experiencia y perfil adecuados, desconocedoras de sus realidades y problemas, manejadas por supervisores del CES, que intervienen hasta en aspectos administrativos y financieros de poca monta. La autonomía está por los suelos y se ha afectado su esencia democrática. Por largos 3 años la Comisión Interventora (CI) ha actuado con magros resultados y la comunidad está envuelta en incertidumbre y hasta miedo, lo que es impropio en un centro de estudios.
Cabe recordar que se impuso un rector (e) sin los conocimientos y experiencia suficientes, por más de dos años, que tuvo que ser cambiado por la propia CI y el CES, por denuncias sobre falsificación de su título. En declaraciones de prensa o información dispersa de la CI, tipo propaganda, se dice de todo, pero el país requiere realidades y las que se conocen son graves: autoridades al más alto nivel puestas a dedo que duran más de 2 años y en acción politiquera para perennizarse; incluso un rector (e) que es a la vez candidato oficial de la CI para las próximas elecciones, que deben realizarse una vez aprobado, con graves dilaciones, un objetado estatuto. Decanos y subdecanos, ya que no pueden contradecir la opinión de la CI.
No hay informes ni rendición de cuentas de lo actuado. No se conoce de propuestas académicas que se hayan debatido con pluralismo democrático. Las he buscado y no ha sido posible lograrlo, tan solo notas de prensa, sin sustento.
El Gobierno ha sido afectado en su imagen por todo esto que creó y que puede revertirse si se toman inmediatos correctivos, lo que implica una acción de ajustes, efectiva del CES, cuyos miembros académicos acaban de ser seleccionados por el Consejo de Participación Ciudadana; hay nombres que se repiten, a pesar del alto grado de responsabilidad que tienen en todo esto; pero hay otros de calidad; uno de ellos es el Dr. Fander Falconí Benítez, académico de alto nivel, docente intachable, demócrata, pluralista, economista de amplia visión política, profesional plenamente identificado con el proceso de cambios que ha vivido el país, que tiene amplios reconocimientos ciudadanos y universitarios a nivel nacional, que esperan sea nombrado como su presidente, para que se recobre la cordura y el equilibrio y se superen tantos y graves problemas que no han sido resueltos.
Sería un gran acierto del CES, ya que una opción repetitiva sería insistir en más de lo mismo y se agravarían los problemas en la UG y en las otras, que sufren igual infortunio. El presidente Correa y sus ministros que integran el CES deben tomar en cuenta esta opción que, seguro estoy, es de la inmensa mayoría, unos 300.000 hombres y mujeres, que tienen vinculación directa e indirecta con la sesquicentenaria y respetable UG, y de millones en el conjunto del sistema universitario. (O)
