Las reformas fiscales de los últimos 15 años han tenido marcada finalidad recaudatoria para financiar el pesado y enorme fardo estatal. Ante el proyecto de “Ley Creando Oportunidades” del gobierno, referido a temas tributarios, laborales y de inversión, cabe esperar un debate serio pensando en el país; también hay que advertir que remontar la crisis sistémica actual no solo demanda realizar ajustes en esos campos, sino, además, intervenir en algunos otros.
El sector público -pero también el privado-, debe mejorar ostensiblemente su gestión, la que debe ser sencilla, eficiente y transparente, centrada en los ciudadanos. Son tres pilares entrelazados que requieren atención inmediata, porque si lo público es enredado e ineficiente, solo nutre al virus de la corrupción. El primer pilar exige modernización del sector público con tecnología avanzada (GovTech), y replanteamiento de procesos con indicadores de gestión para facilitar la tramitología que suele ser insoportable -de la vida real: en Quito el trámite de compraventa de un terreno puede requerir 6 meses-; optimizar la competitividad es un gran reto. El segundo plantea la necesidad de una reingeniería del aparato público, un adelgazamiento urgente del cuerpo burocrático que vaya más allá de cambios de nombres de dependencias y de logos estilos kitsch o pop; instituciones y oficinas inservibles deben eliminarse. El tercero exige manejo responsable y ético de los recursos siempre limitados.
La gestión pública moderna, enfocada en prioridades, aunada a políticas y leyes óptimas, tiene potencial para transformar la vida y el papel de los ciudadanos, coadyuvar a la eliminación de las desigualdades sociales, y enviar señales propicias para incrementar la inversión, producción y empleo. Lo público es como una maltrecha caja de herramientas que aún pueden funcionar para solucionar problemas actuales; el éxito radica en utilizarlas con decisión, sabiduría y oportunidad.
