Hay mucho de restauración conservadora en esta Revolución Ciudadana, pero queda algo de revolución. Entre el aburguesamiento de sus mandos medios burgueses, hay uno que por el momento ha hecho honor a su nombre. Parece que se necesitaba a un Carlos Marx (Carrasco) para proponer lo que viene siendo el pedazo de legislación más transformador de este Gobierno: la reforma al Código del Trabajo. Una reforma que viene anclada de la idea misma de la economía social tan difusa en la práctica de un país limitado por las reglas del mercado. Una propuesta redistributiva transversal que toma algo de ese trabajo socialmente necesario y la perversión detrás de la tendencia estructural de la acumulación en un capitalismo que nos ha vuelto tontos útiles del capital.
Revolucionaria no significa infalible. “Hay que disciplinarse para ahorrar”, de la boca del presidente Correa en la presentación de la reforma, muestra mucho de ese paternalismo incrustado en el ‘capitalismo con rostro humano’ del Gobierno. Pero hay una visión trascendental a todo esto. Esa que busca cambiar las estructuras cambiando la lógica de las relaciones de poder. No es solo la universalización de la seguridad social, sino la limitación en la diferencia entre el mayor y el menor salario en una empresa. La extensión de los derechos laborales a mujeres embarazadas. La extensión de los derechos laborales de los dirigentes sindicales, que en cierta manera muestra la línea ideológica que se busca manejar.
Pero no todos parecen estar tan entusiasmados con esta idea. La universalización de la seguridad social supone también un techo a las utilidades. Esos 24 SBU alrededor de los cuales hay toda una profunda discusión sobre la usurpación de los beneficios del trabajo y esa retórica de “no esperes que te los quiten a ti”. El problema es que no te los van a quitar a ti. Es esa falsa idea de que alguna vez podrías ser tú. Es decir, ser parte de ese 0,24% de la población que recibe más que 24 SBU es, estadísticamente, atípico. Y mientras el derecho de uno, aunque sea solo uno, no puede ser violentado por ser minoría, también pone en perspectiva esa minoría a las que se está afectando. Que es una élite. Y cuyas alternativas están dentro del marco de lo posible: paguen mejores salarios. No así las alternativas que tiene el trabajo no remunerado, aquel del 1’600.000, las cuales se reducen, en su esencia, a un sentido social de la solidaridad. Al final, estamos jerarquizando los derechos de acuerdo a nuestro empleador.
Escuchar a José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores, decir que “defienden la afiliación universal de todos los ecuatorianos, pero se pretende violentar el derecho a la utilidades a los trabajadores para cubrir la afiliación de las amas de casa. Es una responsabilidad del Estado”, me hace pensar la manera en que se ha deformado el discurso de los sindicatos. O el individualismo detrás de estos. Es decir, los trabajadores por los trabajadores, pero no por la ‘clase obrera’. Porque en esa idea social del sindicato, no hay que olvidar que las ‘amas de casa’ son también clase trabajadora. Y que la sistemática exclusión del sistema es también un problema de solidaridad. Y esa ‘responsabilidad del Estado’ es, en realidad, una responsabilidad de todos.
