No cabe duda que un buen número de reformas legales tienen que hacerse urgentemente a la Ley Electoral Código de la Democracia, luego de que finalice el proceso electoral, para encaminar de mejor forma, el convivir político nacional y, una de sus máximas expresiones: el sistema de elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República, Asambleístas, Alcaldes, Prefectos, Concejales y Juntas Parroquiales.
No puede ser posible que inscriban candidatos partidos políticos organizados y financiados con dinero de la corrupción y, que además son objeto de venta y alquiler para la presentación de candidaturas. Tiene que investigarse la licitud del origen de esos partidos y agrupaciones políticas y su financiamiento en el transcurso de su vida partidista. Tampoco deben inscribirse candidatos con acciones penales encima, engrilletados y acusados principalmente de diferentes delitos de corrupción.
Debe desaparecer el Fondo Partidario porque no debemos financiar a ningún candidato y peor a ex sentenciados o por sentenciar, pues se trata de que quienes dirijan el país nacional y localmente sean hombres y mujeres sin tacha. Los nombres de los candidatos deberían darse a conocer con sesenta días de anticipación a la inscripción, para que el CNE, con un departamento de investigadores especializados investigue sus actividades económicas públicas y privadas y el origen de sus bienes y, por qué no, del de posibles testaferros.
Debe exigirse además que cada candidato presente su plan de trabajo y el cómo lo va a implementar y con qué recursos económicos lo va a realizar, evitando el plagio de planes de gobierno, por ejemplo, y los ofrecimientos demagógicos y mentirosos de ciertos candidatos, como viene ocurriendo desde hace décadas. Que un plagiador quiera ser Presidente, sería de Ripley.
Un candidato ofrece regalar en su primera semana de gobierno mil dólares a un millón de familias pobres de nuestro país. Juega con la miseria y el dolor de la pobreza. Cínicamente mancilla la dignidad de un gran número de hombres, mujeres, jóvenes y niños de nuestro pueblo. Quiere obsequiar dinero público, que es del Estado y de todos los ecuatorianos y que está sujeto a normas legales que impiden hacerlo. Es decir, miente descaradamente. Este tipo de ofrecimientos no se los debería permitir porque la contienda electoral debe ser una lucha de altura en el pensamiento y de honestidad en los ofrecimientos y propuestas. Nuestro pueblo, dotado de innata sabiduría, sabrá rechazarlo categóricamente en las urnas.
