La academia viene reflexionando sobre dos momentos bien marcados: 1) el Estado se encarga de todo, de modo aislado, y hasta supliendo roles; y, 2) lo post Estado-nación. Un esquema inclusivo, basado en gobernanza. De ahí que es gracias al segundo momento que se concibe el trabajo entre el sector público (SP) y el sector privado (SPR).
Siendo más específicos, me estoy refiriendo a la inversión del SPR en una determinada comunidad política. En este contexto, este hecho cobra relevancia plena cuando el aparato estatal busca fortalecer su circuito económico con miras a una afectación positiva en la economía real: los hogares. En otras palabras, lograr un trabajo mancomunado entre el SP y el SPR en aras de alcanzar desarrollo productivo y social tiene una transcendencia sumamente deseable, pero demanda del siguiente algoritmo para su consecución: el SP generando confianza mediante acciones concretas, como por ejemplo jugar limpio en lo concerniente a seguridad jurídica (incentivos, subsidios y tributos); el SPR respondiendo a esas muestras de confianza a través de la cristalización de inversiones, evitando prácticas contra la naturaleza o la propia sociedad, en una atmósfera de competitividad; y, consecuentemente, los hogares con mayores oportunidades para acceder a plazas de empleo con sueldos dignos, aumentando así su capacidad adquisitiva y, por ende, mejorando sus condiciones de vida.
En lo que respecta al Ecuador, el presidente Lenín Moreno no ha sido antipático para con la atracción de inversión (nacional y extranjera) directa. De hecho, recientemente se suscribió el Convenio Público-Privado con 114 empresas pro crecimiento sostenible. A todo esto, el BID (2018) afirma que la inversión extranjera directa per se impacta positivamente al crecimiento económico de una nación propia de América Latina. ¡Ecuador marcha bien! No obstante, los nudos críticos que surjan de este trabajo demandarán de nuestra total atención. (O)
