Nebraska Montenegro, presidenta de la asociación transfemenina Nueva Coccinelle, es una de las sobrevivientes de las múltiples violaciones de derechos humanos que sufrió la comunidad transexual durante los 80 y 90. Para ella y sus compañeras, reconocerse y mostrarse públicamente como transexuales les valió exclusión, persecución, discriminación, enfermedad, pobreza, abandono, estigmatización y hasta la muerte. Cuenta Nebraska, que incluso se les negaba el acceso al sistema de salud pública y corrían los rumores de una inyección letal que les aplicaban, si lograban ingresar a estas casas de salud.
Las violaciones de derechos humanos incluyeron torturas y desapariciones a manos de elementos policiales que formaban parte de los escuadrones volantes; algunos de ellos, todavía se encuentran en servicio activo.
Hasta la fecha, los únicos que han hecho seguimiento a las desapariciones y asesinatos de transexuales son los medios amarillistas. En la mayoría de sus crónicas atribuyen los decesos a crímenes pasionales o a la delincuencia común. El Estado no se ha preocupado por investigar estos crímenes para concluir si se cometieron por odio y discriminación; más bien, a estas desapariciones y asesinatos los rodea un manto de impunidad y olvido.
La criminalización, persecución y continuo encarcelamiento a personas transexuales las orilló al estancamiento y la anulación social. ¿Qué proyecto de vida podían tener, si los calabozos del CDP eran su segundo hogar? Esa suerte de ruleta rusa las obligó a ganarse la vida de forma precaria y lo poco que obtenían lo gastaban en defenderse de ese inhumano aparataje estatal.
Las consabidas limpiezas sociales crearon un esquema sistemático de detención, tortura, ejecución y desaparición. De así demostrarse, con un adecuado levantamiento de datos que incluya el establecimiento de cuántas transexuales desaparecieron y en qué circunstancias, se configuraría el delito de lesa humanidad.
Es hora de que estos vergonzosos hechos se miren, ya no desde el amarillismo, sino con un enfoque de derechos humanos. Porque a las sobrevivientes de esta especie de genocidio el Estado les debe reconocimiento y reparación.
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