El artículo 148 de la Constitución, le otorga al presidente de la República la facultad de disolver la Asamblea, lo cual podrá ser llevado a cabo en una sola ocasión y durante los tres primeros años de su mandato. Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, el Primer Mandatario podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos-leyes de urgencia económica, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo.
Si bien dicha facultad puede ser utilizada por el Mandatario de turno, ningún presidente la ha aplicado hasta ahora, por lo que muchos se preguntan si Guillermo Lasso será el primero en hacerlo.
En un escenario en donde existe un bloque legislativo oficialista minoritario y ante la conformación de mayorías que han anunciado un bloqueo a las iniciativas gubernamentales, este tipo de medidas surge como una posibilidad que podría concretarse.
Hasta el momento, el presidente Lasso se ha mostrado interesado en llamar a una consulta popular, sin embargo, el Gobierno deberá tomar en cuenta algunos aspectos y escenarios que podrían configurarse durante la ejecución de este mecanismo de participación ciudadana.
En primer lugar, considerar que los tiempos correspondientes para la ejecución de este instrumento son importantes, pues si bien Guillermo Lasso goza de un nivel importante de popularidad y credibilidad, aún no ha logrado plasmar aquello en un capital político sólido. La organización de una consulta a la ciudadanía no será menor a tres o cuatro meses, lo cual podría jugar en contra del régimen si su objetivo es incluir entre las preguntas temas referentes a medidas de su programa económico y social.
En este ámbito, si bien el desgaste de una Asamblea envuelta en casos de corrupción le podría generar los réditos necesarios para que el Gobierno implemente su propuesta, hay que estar claro que en una pugna entre Ejecutivo y Legislativo ambos entran en una etapa de desgaste.
Adicional a ello, el diseño de las preguntas será importante en la medida que aborde temas de interés ciudadano como son el empleo, la seguridad o la salud. Además, en un escenario de crisis económica, el costo de la misma, será otro tema a valorar por los ciudadanos.
Por otro lado, al ser las consultas un plebiscito de legitimación de quien las convoca, el problema para el Gobierno podría ser mayor si, las fuerzas políticas y sociales, contrarias a su gestión, logran alinearse en su contra. Si a ello se le añade que los procesos electorales son procesos emocionales, el resultado podría ser impredecible.
Queda abierta también la interrogante sobre lo que vendría después de la consulta, pues si bien podrían obtenerse resultados positivos para la toma de varias decisiones, ello no variaría algunas posiciones políticas, por lo que podría generarse nuevas radicalizarse en el futuro, haciendo de la consulta un proceso infructuoso.
La política es una poderosa herramienta para transformar a las sociedades, siempre que se asuma con honestidad, responsabilidad y transparencia. Así deberían entenderlo quienes hoy ejercen el poder. ¿Será este Gobierno es el primero en aplicar un mecanismo que la Constitución le permite? Eso está por verse. Por ahora, el país mira absorto la actuación de una Asamblea mediocre, con varios de sus integrantes glosados, envueltos en diezmos y capítulos lamentables como el intento por salvar a un funcionario que incumplió el estado de excepción, maltrató a una mujer y que ha sido acusado de casos de corrupción. Mantener una Asamblea de ese nivel sería igual o más costoso que implementar los procesos anunciados.
