Ser ciudadano en nuestro país es bastante difícil. Más factible es que pase un camello por el ojo de una aguja que un político ecuatoriano cumpla con los deberes y responsabilidades que están consignados en la Constitución de la República; documento al que cuando se trata de derechos o sacarse la vuelta le tienen como libro de mesa, y en los otros supuestos para atrancar la puerta.
Y es que todo apunta a pensar así del Presidente de la Asamblea Nacional y un grupo de legisladores que frente a una resolución judicial quieren hacerse los de la vista gorda y no acatarla porque no responde a sus cálculos políticos, me refiero a aquella resolución dictada por un juez frente a una acción constitucional propuesta por los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que fueron cesados por un acto legislativo a través de la figura del juicio político, aclarando que no son santos de mi devoción.
Este no es el espacio ni el momento para comentar sobre el juicio político que en principio fue planteado contra todos los vocales de uno de los órganos de la Función de Transparencia y Control Social pero al final del cabildeo se resolvió únicamente contra cuatro de sus integrantes sin que exista una explicación de porqué no los otros, cuando al parecer todos fueron llamados al banquillo de los acusados. En fin, como dice la abuela de la casa, solo Dios lo sabrá. Como tampoco estamos para entrar a analizar la legitimidad de la misma, que es otro cantar.
Lo que preocupa es la actitud del órgano legislativo y fiscalizador frente a la resolución judicial. Esa resolución está siendo desoída porque el Presidente de la Asamblea ha dicho que es ilegítima y que no le va a cumplir de tal suerte que han procedido a resucitar a los vocales suplentes para armar el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre ellos a un muerto, lo que evidencia y pone de manifiesto el desacato incurrido y por ende ya la responsabilidad penal.
La Constitución de la República en el Art. 83 señala entre otros deberes y responsabilidades de las y los ecuatorianos: acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente, amén de aquella de asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad. Y es que eso es exactamente lo que no está sucediendo en estos días, cuando una resolución judicial no está siendo cumplida por el Presidente de la Asamblea Nacional que es quien debe ejecutar con la decisión judicial, sin que esté en condiciones de representar la misma, es decir vetarla, pues ante esa decisión tiene los recursos que la ley prevé; pero la desobediencia no es buena consejera, porque es sinónimo de arbitrariedad, abuso del poder, en fin.
La desinstitucionalización del país es el signo de los tiempos; por eso, al margen de que la justicia ecuatoriana esté en entredicho y por ende al servicio de una clase política como se ha puesto de manifiesto en estos últimos tiempos, generando una suerte de “justicia de bisagra” irrumpiendo con el derecho a la seguridad jurídica, no es prudente que quien funge de autoridad, cuyas decisiones en cambio sí deben ser cumplidas, desoiga una de carácter judicial, poniendo en duda la condición de “dignatario”, ciudadano ecuatoriano y habitante de un estado constitucional, lo que nos hace ver que es más fácil ser político que ciudadano. Y claro, para concluir, dice la abuela de la casa, que en casa de herrero, cuchillo de palo, recordándonos que lo que natura no da, Salamanca no presta y el ego puede más que la razón. Ergo, ser ciudadano en los términos de la norma constitucional es jodido, ser político, tillos.
