El estado de inseguridad es inherente a la existencia humana, por una serie de riesgos y contingencias sociales. Lo que conocemos como seguridad social es resultado de una preocupación histórica cuya respuesta ha adoptado múltiples formas en diversas culturas y pueblos, en todas ellas se evidencian dos elementos esenciales, primero, es una responsabilidad compartida entre la comunidad y el Estado; segundo, debe funcionar bajo el principio de solidaridad.
Tanto el origen como la naturaleza de la seguridad social dejan claro que no puede ser privatizada ni mercantilizada, porque está fuera del circuito del lucro y el negocio; se trata de un asunto de interés público para el bienestar de los miembros de la sociedad.
La seguridad social es un derecho humano reconocido por múltiples instrumentos internacionales, incluso consta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas; la Constitución lo define como derecho irrenunciable de todas las personas, deber y responsabilidad primordial del Estado que debe garantizarlo; regido por principios como igualdad, solidaridad, obligatoriedad, universalidad y suficiencia (arts. 3, 34, 367 a 374).
El Banco Mundial y un conjunto de expertos acaban de difundir un estudio cuyas conclusiones preocupan, así: que el IESS registrará en 2022 serias complicaciones para continuar pagando pensiones a los jubilados; baja liquidez del fondo de invalidez, vejez y muerte; inconsulto diseño del sistema; incumplimiento del fisco con el aporte del 40%.
La seguridad social no ha tenido el trato profesional que requiere, y hasta ha sido objeto de abuso por parte de autoridades que la consideraron caja chica para gastarse recursos sagrados de los afiliados. Urge debatir la reingeniería y puesta al día del sistema, reafirmar su naturaleza pública, evitar la descapitalización y optimizar las aportaciones, lograr mejoras de los servicios. No habrá paz ni justicia social sin seguridad social digna.
