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El Telégrafo
Juan J. Paz y Miño C.

Seguridad social

18 de diciembre de 2017 - 00:00

Otto von Bismarck (1815-1898), canciller del Imperio Alemán, impulsó la industrialización del país, pero frenó al movimiento obrero y dictó leyes antisocialistas. Sin embargo, en 1883 creó el seguro de accidentes del trabajo, seguro de enfermedad y un sistema de pensiones para la vejez. Consideró que si el Estado ofrecía esas atenciones a los trabajadores, el socialismo perdería fuerza y adeptos. Bismarck inauguró la seguridad social en el mundo.

En Ecuador la seguridad social fue impuesta por la Revolución Juliana (1925-1931), con la creación de la Caja de Pensiones (1928) en el gobierno de Isidro Ayora. Solo en 1970 se fundó el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que durante el “petrolerismo” llegó a tener la mejor infraestructura hospitalaria del país y una atención eficaz, aunque para una reducida población (10 al 15%).

Con el avance del modelo empresarial desde la década de los ochenta, el IESS conscientemente fue debilitado. Sixto Durán Ballén (1992-1996) incluso realizó una consulta popular para restringir la seguridad social pública y crear administradoras privadas de fondos de pensiones. La población lo rechazó, pero no pudo evitar el deterioro del IESS por los sucesivos gobiernos. Entre 1985-2008, ningún gobierno canceló el 40% de las pensiones jubilares, que se cancelaron precisamente en 2008. Y en 2011 se realizó una consulta popular para tipificar como “infracción penal” la no afiliación al IESS (pregunta 10), que obtuvo el 48% de votos.

De acuerdo con la Constitución de 2008 la seguridad social es un sistema “público y universal”, que además “no podrá privatizarse” (Art. 367). Y aunque la población afiliada aumentó sustancialmente durante la última década, falta mucho para lograr la universalidad, que es aborrecida por los intereses privados.

En Ecuador no hay (nunca hubo) una burguesía al estilo Bismarck. De modo que el Estado tiene la obligación de cumplir y avanzar en lo que dispone la Constitución, al mismo tiempo que aplicar la ley a quienes evaden la afiliación de sus trabajadores al IESS. (O)  

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