El que Jorge Yunda haya facilitado privilegios al famoso sector del volante, solo evidenciaría una vez más que su elección y paso por la Alcaldía de Quito, solo perjudicó a la mayoría de habitantes de la capital.
Sostenido por el correísmo enquistado en entidades como la Judicatura, la función judicial y en el Concejo de Quito, donde en complicidad con su familia, han minado la credibilidad institucional municipal, creando un desgobierno. Yunda constituye la peor vergüenza para el elector promedio de Quito, que escogió un pésimo administrador para una ciudad bastante compleja y la más poblada del país.
Para nadie es desconocido el abuso y cinismo de los transportistas en burlar la Ley; usar su gremio como catapulta política de dirigentes (que fungen de “empresarios”); y para politiqueros, que se aúpan de sus votos -sin ser los más populares- a cambio de transportar gente a sus concentraciones o gestionar privilegios corporativistas, como las clásicas prácticas fascistas.
Personalmente esperaría de un administrador público ético y con visión, que plantee una consulta popular y pregunte a los ciudadanos si aprueban la municipalización del sistema de transporte urbano y rural, para terminar con el tráfico de frecuencias y rutas; la no planificación del servicio; levantar un ordenado sistema de ingeniería de transporte público en Quito; y en última instancia, un sistema mixto en determinadas rutas.
Yunda ha torpedeado por más de dos años la operación del Metro de Quito, no sabemos si para privilegiar el caótico servicio impuesto por buseros, que consuetudinariamente burlan el cumplimiento de normas básicas de tránsito, el respeto a la vida y los requisitos establecidos para autorizar el incremento de tarifas.
Lastimoso y decepcionante también es el papel de Guillermo Abad, conocido defensor de la movilidad sostenible. Ha cedido al populismo yundista decadente, en perjuicio de la inmensa mayoría ciudadana que, secuestrada, depende su movilidad del pésimo servicio de transporte transgresor de derechos que no brinda una mínima calidad de vida a los más vulnerables.
