Se han discutido temas de política agraria con intensidad, por parte de organizaciones clasistas y gremiales del sector. Cabe recordar que el país está en mora con la reforma agraria. El subdesarrollo económico, social y político, y muchos aspectos de subordinación, han estado vinculados con la arcaica estructura agraria que se mantiene y su modelo primario exportador.
La dualidad económica que de ella deriva, plantaciones en la costa, vinculadas a la demanda externa y capital extranjero, enclave capitalista “moderno”, coexistió con la agricultura de consumo interno, atrasada, dominada por los terratenientes feudales, antes protegidos por las cúpulas clericales. El alto grado de concentración de la propiedad de la tierra, las relaciones de producción serviles e inhumanas, las formas atrasadas de producción, interferían las escasas posibilidades de desarrollo del país; los efectos inevitables de esta estructura fueron grandes extensiones territoriales sin cultivar, baja productividad, tendencias al monocultivo, explotación social, deprimentes condiciones de vida rurales, emigraciones masivas y desarrollo urbano hipertrofiado, escasa demanda interna y atraso industrial, marginalidad indígena y campesina, manipulación política de la derecha, regionalismo; en suma, atraso y miseria.
En medio de esto, la mayor parte de la producción de alimentos proviene de los predios de menos de 5 ha. Es base de la economía popular solidaria (EPS), cuya organización y desarrollo es otra prioridad. Esta estructura hay que cambiar. En los planes se reitera esta necesidad y compromiso. Cambios en las formas altamente concentradoras de la propiedad, en armonía con los objetivos de altos niveles de producción y productividad.
Esto se relaciona con las leyes de tierras y aguas, para garantizar formas de producción de justicia y eficiencia, organización empresarial y cooperativa que liquide el latifundio improductivo, que no debe implicar retaceo de la tierra; en cambio sí apoyos estatales en todo sentido: infraestructura, leyes, créditos, facilidades de comercialización, asistencia técnica, y proyectos y programas sociales de carácter redistributivo. Esto es una política de desarrollo integral, asociada a la producción de alimentos para el pueblo y el incremento y diversificación de la producción exportable.
Todo esto implica acuerdos políticos con sectores sociales, organizaciones indígenas, campesinas, medianos y pequeños productores. Esta reforma demanda apoyos organizados, decisiones firmes y acción estatal consecuente y fecunda. ¡Cambio agrario, ya! (O)
