Larraín y Sachs (2013), en Macroeconomía en la economía global, tachan a los impuestos –tributos, fuente de entrada de efectivo– y a los subsidios –incentivos, uso o salida de efectivo– como aquellos instrumentos de política fiscal, los cuales, y según modo de utilización, producen efectos importantes (positivos o negativos) en la economía (por citar, en inversión privada).
Partiendo del preámbulo anterior, estimo posible asimilar las recientes expresiones ofrecidas en varios medios de comunicación por parte del ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, Richard Martínez. En tales declaraciones, el economista Martínez destacó la valía de la Ley de Fomento Productivo como una de las acciones de equilibrio económico que, entre otros aspectos: estimule –mediante el establecimiento normativo de beneficios tributarios– al sector privado, convirtiéndolo así en el gran motor de inversión –gasto de capital–, ergo generador de empleo (por excelencia), trabaje en el nudo crítico de la competitividad, y especialmente se enfoque en la optimización del Estado, acercando la lupa en disminuir el gasto corriente. En cierta relación con lo dicho, y centrándose en “subsidios”, él opinó (subrayando que lo hacía como ciudadano): “Es una aberración que el Estado me regale plata cada vez que tanqueo (sic) mi vehículo”.
Desde mi óptica, y de lo que he podido informarme respecto al subsidio a los combustibles (aprox. $ 3.000 millones, año 2018); estimo propicio sí el evaluar su rango de cobertura, mas no (y discrepo con el ministro Martínez) señalarlo como aberración, aunque él sí aseveró que actualmente aquello se está conversando, en pro de la no afectación a sectores más vulnerables. En fin, en economía y política es un yerro satanizar a los subsidios, y maniobrarlos irresponsablemente. Posible salida: 100% cobertura al transporte público, y el resto, focalización con cupos y techos: quien excede techo, entonces pague valor no subsidiado. Es justo y solidario. (O)
