En una República, en dónde existe el equilibrio de poderes, esto es que la Función Legislativa tiene la competencia de fiscalizar o controlar el respeto a la ley por parte de otras funciones del Estado, se configura el “control político”.
La Función Ejecutiva tiene el monopolio del uso de las armas, regulado por la Constitución y las leyes para garantizar la seguridad de la Nación y resguardar la soberanía territorial, así como administrar los recursos económicos del pueblo. Se evidencia el gran poder que tiene el presidente de la República. De igual manera se aplica el principio de división de poderes en los otros niveles del Estado, esto es, en el caso ecuatoriano, consejos provinciales, concejos y juntas parroquiales, los ejecutivos –prefectos, alcaldes y presidentes de juntas parroquiales- deben ser controlados por el legislativo –consejeros, concejales y vocales de juntas parroquiales-.
El sistema de “pesos y contrapesos”, propio de las Repúblicas que eligen a sus mandatarios para un tiempo limitado de funciones, actúa como controlador del correcto uso de los recursos de la Nación, el respeto de los derechos humanos y el estricto cumplimiento de las normas establecidas. El control político activa sus poderes conferidos por la ley en el momento preciso que hay sospechas o evidencias del uso y abuso de bienes, recursos públicos e irrespeto a los derechos del pueblo.
En la legislación ecuatoriana, la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, manda a esta, ejercer el control político, esto es vigilar el fiel cumplimiento de las leyes por parte de las otras Funciones del Estado y el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) ordena a los consejos provinciales, concejos y juntas parroquiales a fiscalizar a los ejecutivos locales.
La ley manda, prohíbe o permite y en derecho público solo se puede hacer lo que la ley establece, por lo que los cuerpos legislativos NO tienen opción, deben, por mandato legal, controlar o fiscalizar a los ejecutivos.
Lo que el alcalde Yunda, hizo, a través de su abogado, intimidar de manera flagrante al Concejo del Municipio de Quito, conformado por 21 concejales, pretendiendo bloquear el control político, debe ser descalificado por los quiteños respetuosos de Ley.
