Una herramienta versátil que tiene el Estado para incidir en la economía pública y privada son los tributos. Con la pandemia en el país se han realizado algunas reformas, y se impulsan otras, así el gobierno ha presentado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley económico urgente “Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal Tras la Pandemia Covid-19”, que tiene algunas particularidades.
Una línea fundamental de la propuesta es generar temporalmente gravamenes adicionales a los vigentes, relacionados con la renta y el patrimonio, para grupos de contribuyentes con mayor poder económico -ciertas empresas y personas naturales-; se incluyen además, beneficios tributarios en materia del impuesto al valor agregado en insumos de higiene femenina, y otras cuestiones que deben ser examinadas con lupa para evitar retrocesos desagradables.
Los impuestos son esenciales para generar ingresos al erario, pero también para incentivar o desincentivar distintos comportamientos de los contribuyentes, con el objetivo de optimizar el sistema económico. Regla esencial es el principio de progresividad, traducido en la frase: “quien más tiene, más paga”. A la sazón, el artículo 300 de la Constitución dispone, entre otras cosas, que se priorizarán impuestos directos y progresivos, o sea, los que recaen sobre los ingresos y sobre el patrimonio -manifestaciones tangibles de capacidad económica-, lo que coadyuvaría para lograr un régimen tributario más justo y equitativo.
Es plausible hacer que los más ricos contribuyan en superior medida para sostener los gastos e inversiones del Estado, pero como contrapartida debe evitarse el dispendio de recursos, evasión y robo. Esta sería una reforma fiscalista o recaudatoria, por lo que sigue pendiente realizar una radical y de fondo, pensando más allá de la coyuntura, para racionalizar y simplificar lo tributario, sin revertir derechos de los contribuyentes ni desconocer principios de la especialidad.
