El último informe del Latinobarómetro es una especie de victoria para el Gobierno Nacional. Es, también, una especie de advertencia.
Sin deslegitimar el valor intrínseco de un estudio de opinión pública como el que lleva a cabo la Corporación Latinobarómetro, tanto por extensión y continuidad, vale la pena iniciar con un par de observaciones críticas a la idea desde donde nace este estudio. Es la tesis de Ronald Inglehart, un politólogo de la Universidad de Michigan, donde se sugiere que el desarrollo económico es el detonante para una serie de cambios culturales que terminan con la democracia. Es una revisión a la teoría de la modernización, con un componente cultural donde, simplificando, hay culturas más democráticas que otras. La más democrática es la cultura occidental, liberal y protestante.
Asume, en definitiva, que todas las culturas, para alcanzar una paz democrática permanente, evolucionarán hacia ese modelo ideal: occidental, liberal y protestante. No solo eso, sino que hay un solo camino para esta paz democrática: de una cultura tradicional a una secular, de una de supervivencia a una de autoexpresión. El Latinobarómetro trata de capturar este efecto. A lo mejor por eso, en su análisis, la “piedra de tope de América Latina son sus valores tradicionales”. Asumen, a priori, la convergencia hacia un solo ideal cultural, como precondición para la consolidación democrática.
Dicho esto, el valor intrínseco de la encuesta como una medición del ‘estado de las cosas’ es innegable. Y es ahí donde el Gobierno puede presumir de haberle devuelto credibilidad y presencia al Estado. Hay un punto de quiebre en las tendencias a partir de 2007, desde cuando todos los indicadores mejoran. Hay una percepción de baja corrupción y progreso en la reducción de la corrupción, de alta transparencia en el Gobierno, de baja inseguridad (en relación al resto de América Latina), de elecciones limpias, y de la alta conectividad. Para 2015, 49% cree que la distribución de la riqueza en el país es justa (primero en América Latina), y 56% piensa que el país está gobernado para el bien de todo el pueblo (primero en América Latina), en contraste a solo el 11% en el 2006. Y si esto no se permea en los círculos tautológicos de las redes sociales, es porque solo un 17% cree que estas le permiten participar en política.
Podrán argumentar que es la gran maquinaria propagandística o todos esos borregos que hay por ahí, pero la estadística suele normalizar esos errores. Pueden decir, desde el Gobierno, que el país se ha transformado. Pero es también una advertencia. Los datos son positivos, pero también muestran una tendencia a la baja desde 2013. La percepción de que se gobierna para beneficio de todo el pueblo bajó en 6 puntos porcentuales, que hay una justa distribución de la riqueza bajó en 9 puntos, y la percepción de que el país está progresando bajó del 77% en 2013 al 50% en 2015. La aprobación por el Gobierno también ha bajado, 23 puntos desde 2013 y la confianza en el Gobierno bajó del 65% en 2013 al 44% en 2015.
El primer aviso o a lo mejor no más que una caída descontextualizada. El reflejo de la desaceleración económica o de un desencantamiento con el régimen, con el modelo, o con ambos. Una buena excusa para replantear su posición del último año. O una buena estadística para convencer (se) de que son infalibles. (O)
