En toda democracia sana la Función Judicial guarda un valor fundamental, intrínseco a los valores esenciales de su sistema de gobierno. Cuando esta no funciona o adolece de graves problemas, entonces todas las instituciones del país presentan dificultades en el manejo de las actividades encomendadas en función de sus competencias propias, pues la administración de justicia es puesta en jaque, lo que implica un auge de la corrupción, la prevalencia de prebendas y otros elementos negativos.
Durante los últimos años, el Consejo de la Judicatura, en su calidad de órgano de gobierno, administración y disciplinario de la Función Judicial, ha demostrado un desempeño cuanto menos cuestionable, no exento de polémicas y con sonados exabruptos por parte de sus máximas autoridades. Hechos que se han sumado a una latente falta de independencia tanto externa como interna que ha puesto limitaciones para que los jueces y otros operadores puedan desarrollar de manera transparente sus actividades y que ha provocado en la ciudadanía un desengaño generalizado ante nuestro sistema de administración de justicia y la falta de seguridad jurídica que hacen del Ecuador un Estado de derecho deficiente y una democracia problemática.
Mientras vemos la forma en la que la inseguridad aumenta, la promoción de los derechos humanos se mantiene estancada y la economía continúa siendo una inmensa preocupación para la mayoría de la población que apenas sobrevive, vemos con indignación que la mayoría de veces los intereses particulares de los representantes de las funciones del Estado priman por encima de su función social.
Uno de los últimos hechos llevados a cabo por esta institución fue la suspensión del Presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, quien ha aprovechado para mencionar que esto se trata de una intromisión en la justicia que procura incentivar la impunidad, marcando un letal enfrentamiento entre el Consejo de la Judicatura y la ya mencionada Corte y los operadores de justicia, cuando menos.
Esperemos por el bien del país que estos actos se enmarquen en la transparencia y que, si un servidor público efectivamente está incumpliendo con sus funciones, que esto no solamente tenga que ver con una problemática de ejercicio de poder o de retribución económica, sino que cuestione temas trascendentales como la vocación de servicio y política pública.
Cualquier proceso sancionatorio de los operadores de justicia debe apegarse al derecho, ser debidamente motivado, y además cualquier tipo de denuncia debe seguir el debido proceso y prevalecer la justicia por encima de los intereses o las rencillas personales.
