Colombia experimentó la semana anterior un hecho indignante que ha generado una serie de protestas y disturbios. Javier Ordóñez, un hombre de 45 años, murió en manos de la policía tras una violenta detención por no cumplir con la cuarentena. Luego de recibir varias descargas eléctricas del taser, fue llevado a una caseta de policías (CAI) donde continuaron las agresiones, hasta que finalmente murió en un hospital. Nada justifica matar a otra persona, peor aún si estos actos los cometen los agentes de policía, quienes deben ofrecer seguridad a la ciudadanía y proteger sus derechos.

Estos actos provocaron que las personas se vuelquen a las calles para protestar, protestas que se intensificaron y donde varios buses y CAI fueron quemadas. Posteriormente lo que se vio fue que presuntos policías disfrazados de civiles disparaban con armas de fuego, generando la muerte de al menos 12 personas, desobedeciendo las instrucciones expresas y públicas de la Alcaldía de Bogotá de no utilizar armas de fuego. Como se sabe, existe la proporcionalidad, es decir, un policía solo podría utilizar un arma de fuego si es que es atacado por otra persona con un arma proporcional; pero este no fue el caso, donde se evidencia además el uso indiscriminado de la fuerza. Esto ha generado un profundo rechazo por parte del pueblo, inclusive, estos hechos enfrentaron a la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional.

 Cabe recordar que en noviembre de 2019 se desarrollaron una ola de protestas en Colombia que dejaron como víctima a Dilan Cruz, quien murió por un disparo de la policía. A esto se suma, la muerte de un civil por causa de la agresión policial durante la pandemia, este hecho sería la gota que derramó el vaso frente al descontento de la ciudadanía por varios factores como: la situación económica; la implementación del proceso de paz, el cual ha producido muchas muertes; el sistema de salud privado y público excluyente; la inseguridad y otros problemas sociales.

Las protestas en Colombia son el reflejo de una ciudadanía inconforme con el descrédito de su sistema político-institucional, pero también de la exclusión económica, acentuada por la violencia a dirigentes sociales y líderes indígenas asesinados casi a diario en la absoluta impunidad.