Con la Constitución de la República aprobada en Montecristi (2008), los instrumentos de participación de la gente en la toma de decisiones compartidas, acción veedora e involucramiento en el manejo de la cosa pública se ampliaron de manera considerable, más aún, con la posterior promulgación de leyes secundarias como el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
En tal sentido, la interrelación ciudadanía-Estado toma un giro cambiante en pro del acervo de la función pública. Todo ello, desde una interpretación democrática amplia, plural e incluyente. En nuestro país, la población empieza a entender que la preocupación demostrada por el aporte a propuestas pertinentes, exigibilidad de derechos y cabal cumplimiento de deberes fortalece los cimientos de la democracia, con madurez, responsabilidad individual y compromiso colectivo.
El ciudadano/a a partir de su autodeterminación, adquiere un nivel de conciencia de su propia identidad como sujeto activo en las decisiones comunitarias. Por lo tanto, su intervención en asuntos de interés general es determinante en la perspectiva de profundizar los parámetros de la democracia, sin desconocer los conflictos de intereses generados desde la lógica del poder. Aquel sujeto que reivindica sus derechos civiles, políticos y sociales, también propende a actuar en espacios decisorios, que, generalmente, están delegados a autoridades elegidas por el voto popular,
conllevando a un ambiente conflictivo, que debe superarse con la mediación conjunta, en aras de definir roles, y, a la vez, de propiciar escenarios de debate y consenso en el marco de una reorientación del poder.
La ciudadanía como elemento constitutivo de una comunidad política se inmiscuye en la gestión pública como efecto de sus demandas y necesidades. Pero, asimismo, es imperioso que ese mismo conglomerado demuestre compromiso por el desarrollo común desde una apropiación cívica, que ratifique los postulados de una verdadera práctica democrática. Para ello, es elemental el reconocimiento del resto de actores étnico-sociales, la tolerancia ideológica, el sentido solidario de una redistribución equitativa de recursos, el empeño por el mejoramiento del nivel de convivencia de las grandes mayorías, etc.
El comportamiento activo de los gobernados en asuntos de corresponsabilidad política implica una mejor labor de los gobernantes, cuya rendición de cuentas tendrá un resultado juzgador y una mirada fiscalizadora. Por otra parte, la formulación de políticas públicas deberá configurarse con la voluntad de la autoridad ante la convocatoria e injerencia de representantes de la sociedad civil, conjugando la legalidad y legitimidad social.
