Hace pocas semanas, a través de un riguroso estudio, Unicef precisó que el 48,20% de los niños, niñas y adolescentes de Argentina se sitúa en el plano de la pobreza, a lo cual se debe agregar el aumento de la inseguridad alimentaria.
Nadie seriamente puede suponer que la gravedad que implica que la mitad de nuestra niñez viva en la pobreza puede constituir un hecho aislado del conjunto de medidas económicas que agravian fuertemente a las familias más humildes y despojan de derechos fundamentales a los niños que las componen.
Este modelo económico define conceptualmente a esta franja de la población como “descartable”, expresado muy gráficamente cuando la gobernadora de la provincia de Buenos Aires hizo pública su opinión sobre la imposibilidad de que los niños pobres lleguen a la universidad.
En las últimas horas, la Ministra de Seguridad de la Nación y otros funcionarios nacionales relanzaron la campaña destinada a bajar la edad de imputabilidad. En declaraciones públicas, la ministra Patricia Bullrich expresó: “Hoy la edad de imputabilidad es de 16, pero estamos creando una imputabilidad penal a los 15 y una imputabilidad administrativa a cualquier edad”.
Esta afirmación, acompañada de datos inexactos, desconoce por un lado las obligaciones del Estado nacional con la Convención sobre los Derechos del Niño y, muy especialmente, con las recientes observaciones y recomendaciones efectuadas por el Comité de Naciones Unidas, en las cuales explícitamente se requiere que las modificaciones de la legislación penal juvenil se efectúen de acuerdo con los estándares internacionales y sin disminuir la edad mínima penal.
Al mismo tiempo, bajo la denominación de imputabilidad administrativa, Bullrich argumentó: “Será un régimen estricto compuesto de imputabilidad y tratamiento”. El avance en esa dirección implica un profundo retroceso en el sistema jurídico elaborado en armonía con la Convención mencionada y retomaría los principios del Patronato y, consecuentemente, el desconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de derechos. (O)
