Dentro de la concepción de un sistema democrático de gobierno y en lo tocante a la administración de justicia, desde la concepción misma de este sistema de gobierno, se habló de la necesidad de tener presente lo que se ha denominado un equilibrio manifestado en un sistema de “pesos y contrapesos”, entre las diferentes funciones del Estado.

 La validez de esta máxima se pone hoy más que nunca de relieve en la propuesta del Comité por la Institucionalización Democrática del Estado, manifestada fundamentalmente en la idea de la bicameralidad que persigue que este balance se dé al interior de la legislatura, pero también en lo que atañe al fortalecimiento de la Fiscalía, dotándole de autonomía y financiamiento para que cumpla sus tareas específicas.

 El bullado caso “sobornos” o “arroz verde”, saca a resaltar la validez de lo afirmado, ya que la solidez y fortalecimiento de la Fiscalía son elementos necesarios para que el imperio de la ley y del estado de derecho logren consolidar un Ecuador menos sujeto a los vaivenes políticos y a su influencia.

 De igual manera, se requiere ir fortaleciendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, con leyes específicas como aquella de la que ya hemos hablado en ocasiones anteriores y es la de Extinción de Dominio, que garantice que los delincuentes, los corruptos, no se beneficien de los dineros mal habidos y que sigan manejando sus fortunas desde la cárcel o desde el exilio.

 Para desestimular el abuso y el robo de los fondos públicos, hay que impedir que los corruptos sigan disfrutando de esos dineros mal habidos.

La necesidad de acción por parte de los legisladores y jueces, puede ir configurando un país diferente, menos proclive a vivir de los avatares de la política, de los liderazgos mesiánicos, de la viveza criolla, del “roba pero hace”, que tanto daño le ha hecho al ejercicio de la política y a la marcha del país.

La histórica actuación de la Fiscalía y de los jueces, no debería ser la excepción sino la regla, que garantice el ejercicio del derecho, el imperio de la ley y de la no impunidad.