La historia consta de precedentes buenos, malos, plausibles o torpes que el presente evoca. Así ocurrió con Pedro Castillo, el expresidente de Perú, cuando el pasado diciembre recurrió a un autogolpe. La medida buscaba disolver el Congreso e instaurar un estado de emergencia. Su paralelismo del pasado: el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992. La diferencia entre ambas acciones está en que Castillo recibió inmediatamente el rechazo de las Fuerzas Armadas y de sus propios ministros, a diferencia de Fujimori. En resumen, se quedó solo y sobre una hoguera cuyos efectos se expandieron por el resto del país.
Con siete presidentes en una década, Perú ha atravesado densos problemas de inestabilidad política. Según la encuesta del Barómetro de las Américas de Lapop (2019), titulada El pulso de la democracia, solo el 49,3% de los peruanos apoyaba la democracia. Incluso, el país figura dentro del grupo de naciones latinoamericanas donde existe mayor tolerancia a los golpes militares. Definitivamente, algo no marcha bien.
La política es el ejercicio de caminar siempre sobre el filo de una navaja. En ese recorrido, el actor político va acompañado de más luces que sombras, con más competencias que desconocimientos. Durante el período en que gobernó Castillo (poco más de un año), nombró cinco gabinetes y más de 70 ministros. Casi el 100% de esos ministros eran hombres, lo cual marcó un retroceso en la paridad. Esos datos transmiten inseguridad, desequilibrio y falta de claridad para conducir un país de más de 33 millones de personas. Castillo se perdió en su propio laberinto y avivó una llama que está lejos de amainar. Se convirtió en una ficha más de los problemas políticos sistémicos de Perú.
Las protestas iniciaron hace más de un mes y ya hay más de sesenta fallecidos. Amnistía Internacional realizó un llamado inmediato a las autoridades para que cese “el uso excesivo de la fuerza contra la población civil y evitar más muertes”. No obstante, el Gobierno de Dina Boluarte se atrinchera en un soliloquio y no escucha el reclamo de quienes se están manifestando, provenientes, sobre todo, de sectores rurales. Solo en la sierra rural, los niveles de pobreza llegaron hasta el 44,3%, una cifra que se acerca de manera preocupante al 50%.
La democracia no vive en los acuartelamientos. Según las sociedades se complejizan, aumentan las exigencias. Rousseau, en El contrato social, dijo que el Estado debe estar presto a “sacrificar el gobierno al pueblo y no el pueblo al gobierno”. Esto es, en definitiva, a buscar los precedentes buenos y plausibles, que se traduzcan en luces para quien no quiere ver.
