Según Aristóteles, la política debe desembocar en la capacidad de generar un tratado amplio, y en palabras de Rousseau, lo que sería un pacto social. Para lograr esta legítima aspiración, es imprescindible ser asertivos, programáticos y no dogmáticos. Construir una narrativa que vaya más allá de las figuras de representación, territorializar la gestión siendo enfáticos en la importancia de consolidar capitales directamente en las zonas que aspiran a mejores condiciones. Lo dije más de una vez, el poder se disputa en el territorio.
En materia económica, no es posible desconocer el hecho de que la recuperación global perderá impulso dado el escenario internacional de guerra; por lo que enfocarse en poner “la casa en orden”, hablando de finanzas públicas, debe ir más allá. Hace falta priorizar no solo la cantidad, sino la calidad de gasto en los sectores que mayor atención demandan, mediante un balance entre los compromisos macroeconómicos y una efectiva política social. Aunque no sea posible dar una respuesta inmediata, es imprescindible tomarse el tiempo de planificar, construir y ejecutar, modelos de gestión que establezcan recursos, temporalidad y responsabilidades.
Por principio, los subsidios se constituyen en una ayuda “extraordinaria” para satisfacer una necesidad concreta y con una duración determinada. Es decir, de no planificarse adecuadamente, pueden llegar a tener un impacto significativo en la economía nacional, ya que, sin una estrategia integral, por sí solos difícilmente resolverán problemas estructurales de larga data y mucho menos suponer un alivio financiero.
La crisis institucional y de legitimidad en Ecuador se ha ido agravando, tal es así, que según la evaluación de Latinobarómetro y recogida por IPSOS en mayo de este año, Ecuador llegó a ocupar el quinto lugar de los países con mayor índice de desconfianza en el Estado, especialmente en cuanto a los poderes legislativo y judicial.
Hasta ahora la Asamblea no ha reflejado una voluntad real de construir una agenda concertada entre las distintas bancadas, que permita viabilizar los temas esenciales y dar respuestas a sus mandantes, es por ello que su aceptación a duras penas alcanza un 11% (IPSOS).
Alrededor de la mitad de la población ecuatoriana piensa que es la sociedad civil quien debe sacar adelante al país, entonces la reflexión es: ¿Podemos actuar conjuntamente en términos de sociedad, cuando cada vez se hace más notoria la polarización y fragmentación del tejido social? Con esas condiciones parece un gran reto ponernos de acuerdo en términos de convivencia hacia un objetivo común. Por ello, para que las mesas de diálogo, cumplan su objetivo, es fundamental hablar desde los hechos, datos y, sobre todo desde la propuesta. Pensar desde lo colectivo es indispensable.
Gran parte del país espera respuestas concretas y contundentes de sus autoridades, tanto de los avances que se producen a medida que prospera el proceso de diálogo, como de los resultados de las decisiones adoptadas en materia legal en cuanto a los excesos cometidos en las manifestaciones. La protesta social y el derecho a la resistencia siempre serán una alternativa; pero la impunidad no es una opción.
Las paralizaciones de junio del 2022 revelaron, una vez más, la complejidad estructural que aqueja al Ecuador desde múltiples perspectivas y que exige repensar en la generación de nuevos acuerdos democráticos. Encontrar sinergias y puntos de convergencia, difícilmente puede ser resuelto ni con paralizaciones ni con la sola emisión de Decretos.
