Un breve repaso por la historia política y económica del país nos permite apreciar que la gestión del Estado tiene una arraigada concepción y sostenida tendencia en la aplicación de normativas con alto contenido paternalista, la misma que se intensificó y consolidó con la Constitución de 2008 y durante el gobierno de la revolución ciudadana (el más corrupto de la historia) y que la sociedad ecuatoriana lo acepta como establecido, natural y que no merece siquiera la más mínima reflexión y cuestionamiento.
Es fundamental reconocer que este paternalismo del Estado tiene antecedentes coloniales desde inicios de la república en donde la organización social y política favorecía la creación de un Estado fuertemente centralizado -funcional en esos momentos para reforzar la integración nacional– pero que reprodujo relaciones “señoriales” que impulsaron las figuras del “caudillo protector” o del “cacique político” consolidando así el llamado clientelismo político.
La aparición de presidentes o dictaduras paternales significó desarrollar una arraigada incapacidad política del pueblo para autogobernarse privilegiando de esta manera el autoritarismo político como señal distintiva de nuestra débil democracia cuya consecuencia es que el Estado adquiere un rol de gran preponderancia en detrimento del sector privado al que ahora reclamamos sea el reactivador de la economía.
A manera de ejemplo, una medida económica no paternal como la eliminación de subsidios a los combustibles enciende un discurso paternalista desde el propio sector indígena, a pesar de ser los menos favorecidos del subsidio. ¿Incomprensible? La cobertura en atención de salud a los hijos menores de 18 años de afiliados y de jubilados, sin contar con financiamiento ($200 millones anuales aprox.) es otra perla del paternalismo ecuatoriano. Las normas que rigen el empleo están plagadas de protecciones paternalistas que las han convertido en el principal obstáculo a la contratación laboral favoreciendo la informalidad.
El ingreso a la educación superior y su ley tienen una retórica y muchas referencias paternalistas como la gratuidad que nadie se atreve a cuestionar a pesar del desfinanciamiento de la universidad pública. Hemos visto el abuso a la aplicación de la Ley orgánica de Discapacidades con igual tendencia que establece beneficios con criterios laxos que favorecieron más a sectores pudientes (autos de lujo) y a determinados funcionarios de alto nivel. Estos pocos ejemplos revelan que a la concepción paternalista en la gestión del Estado se suma la corrupción que es consustancial con ella y que, además, legitima un falso discurso en favor de los “más necesitados” y les procura un escudo político lleno de demagogia. Requerimos urgente una institucionalidad más seria y objetiva. Con la actual Asamblea imposible lograrlo. El presidente tiene la palabra.
