Quienes creen que las mujeres tienen las mismas oportunidades históricas de los hombres para la representación del poder, se equivocan. Si todo fuese armonía, los derechos por la igualdad con enfoque y perspectiva de género, no estuvieran en las permanentes agendas de los países que impulsan acciones hacia la no discriminación.
El contexto de las desigualdades hace que países como Ecuador impulsen derechos y principios para consolidar el poder público con esta mirada. Pero algo inusual sucedió con la designación del Tribunal Contencioso Electoral por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio: nombró a tres hombres como principales quienes se sumarían a un pleno de Jueces sin paridad.
Preciso que tras la evaluación del TCE en el 2018, siguieron en funciones dos autoridades de las cinco, por eso la designación fue para completar el cuerpo colegiado. Al final del día, una mujer estaría como principal y otra como suplente, esta última no formaría parte de las decisiones permanentes de un Pleno con cuatro hombres.
El CPCCS-T seguramente tiene sus argumentos basados en el marco legal y el orden de prelación; pero es evidente que se priorizó la puntuación en el concurso de méritos y oposición y no las garantías que señala la Constitución en su artículo 224 para las condiciones de equidad y paridad entre mujeres y hombres.
Existe una normativa clara pero en la práctica nos deja como enseñanza que los análisis hacia futuras reformas electorales y la actoría desde la sociedad civil para efectivizar las demandas de las mujeres deben observar cómo lo establecido no se traduce en representaciones efectivas.
Las dificultades en el camino y en la interpretación de la norma no pueden seguirle costando a las mujeres una visibilidad menor. La Función Electoral se rige por principios constitucionales de paridad de género, pero en esta ocasión –ya próximos a posesionarse las nuevas autoridades-, al parecer este derecho no bastó ni fue suficiente. (O)
