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El Telégrafo
Diego Salgado Ribadeneira

Octubre de 2019

13 de octubre de 2020 - 00:00

Los dirigentes de la CONAIE que dominaron el paro nacional de octubre de 2019 sostienen que fue un levantamiento popular pacífico y que fue la Fuerza Pública la que abuso de su poder, por lo tanto, irrespetó los Derechos Humanos de los subversivos.

Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi, fueron los líderes públicos de la toma de Quito, aseguran que el calificarles de “golpistas”, “terroristas” y otros epítetos que algunas personas les dieron, responden a la venganza del gobierno de Lenin Moreno, dicen que el movimiento indígena sufre una persecución política y racista.

Los ecuatorianos en general y los quiteños en particular sintieron en carne propia los excesos cometidos por los miembros del movimiento indígena o “infiltrados”, como algunos sectores políticos les llamaron a los terroristas, para evitar involucrar a la dirigencia de la CONAIE.

Lo cierto es que los actos terroristas y delincuenciales sucedieron.

¿Algún honesto dudó del acto terrorista en contra del edificio en donde funcionaba la Contraloría General del Estado? ¿Alguien puede negar el ataque criminal en contra del periodista Freddy Paredes? ¿No estuvieron secuestrados policías y comunicadores sociales?

El prefecto Armando Chávez y el asambleísta Yofre Poma, distinguidos correistas de Sucumbíos, fueron detenidos en las instalaciones petroleras obligando a los técnicos a paralizar el bombeo de petróleo.

Durante el levantamiento pacífico hubo saqueos en comercios quiteños, todos los centros comerciales de la capital cerraron sus puertas por el terror propagado. Millones de dólares se perdieron.

La Justicia es ciega, pero el ambiente aún huele a hollín, caña y sangre, se evidencia la división entre ecuatorianos: por un lado, están los correistas y sus aliados y por otro, los honestos que buscan paz y prosperidad. El Estado debe recuperar su razón de ser, las autoridades deben cumplir y hacer cumplir las leyes. (O)

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