Octubre

- 05 de octubre de 2020 - 00:00

Este mes se cumple un año de la jornada de protestas protagonizadas por brazos políticos de la población indígena, grupos de extrema izquierda y desde luego el Correísmo.

Las protestas del mes de octubre de 2019 duraron 13 días. Tiempo en que se paralizó el país, colegios, comercios, universidades. Las vías de trasporte a nivel nacional, sobre todo de la ciudad de Quito y sus valles fueron tomadas por hordas de manifestantes cubiertos el rostro, que generaron caos y causaron terror, ingresaron a urbanizaciones privadas, saquearon los comercios, destruyeron la ciudad.

Las protestas se generaron a partir de un decreto presidencial que contenía algunas medidas económicas, básicamente la eliminación del subsidio a los combustibles en el país que durante 40 años generó una distorsión en la debilitada economía ecuatoriana.

El Ecuador ha sido un país marcado por la protesta civil, en ningún período se ha vivido conformidad de la ciudadanía frente a las decisiones de los gobernantes. La estructura de la sociedad con profundas desigualdades económicas y sociales no ha permitido que se alcance niveles de desarrollo homogéneo que satisfaga a la mayoría, pero al mismo tiempo esa capacidad de cuestionar y protestar ha sido lo que alcanzó posicionamiento político a los movimientos sociales en el país y en la región. Tanto el movimiento de trabajadores, movimiento ambientalista, movimiento de mujeres y sobre todo el movimiento indígena han sido grupos que reivindican sus derechos en las calles. Desde luego un triunfo para la democracia y la consolidación del Estado de Derecho.

Mi infancia y adolescencia, sobre todo, en la década de los 90's estuvo marcada por periodos de protestas, como estudiantes era común la suspensión clases.

En los últimos años, esa dinámica en la sociedad desapareció. Durante el Correísmo, las protestas disminuyeron sustancialmente y ya no eran comunes los paros ¿la gente ya no necesitaba protestar? claro que sí, pero no podían hacerlo. Se criminalizó la participación ciudadana, se limitó la libertad de expresión y se desarticuló a las organizaciones de la sociedad civil, específicamente se persiguió al movimiento indígena y a sus representaciones políticas.

En cierta manera, me complace que la gente proteste, es señal de libertad. Pero lo visto el pasado mes de octubre en el Ecuador, no tiene precedentes en nuestra historia contemporánea. Los manifestantes eran grupos políticos armados, organizados con presupuesto, tiempo e inteligencia estratégica de guerra. No se frenaron ante civiles, periodistas, y peor fuerzas del orden. Arrasaron con todo. Sumado a una campaña de comunicación igual de violenta promovida desde distintos lugares del mundo, insignia propia de los regímenes totalitarios y en nuestro país del gobierno de Correa.

Y ante ese contexto, ¿cuáles eran las reivindicaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)? Sus exigencias se resumían en: restituir el subsidio a los combustibles; expulsar al FMI (es decir rechazar los préstamos con sus condiciones) y reemplazar de los cargos a la Ministra de Gobierno y al Ministro de Defensa. ¿Derecho a la protesta o participación política armada?

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