El Ecuador vive una época obscura. La peor crisis económica de la historia, meses de encierro obligado por la emergencia sanitaria y el estallido de decenas de casos de corrupción. Cierto es, han quedado atrás los diez años en que los opositores al régimen eran perseguidos y hostigados; los medios de comunicación fueran chantajeados; y, el abuso del poder y de los recursos públicos a favor del grupo gobernante. Pero el peligro sigue latente, los bandidos conspiran y las leyes les favorecen.

En el 2017, se produjo la sucesión presidencial y con este, el inicio del periodo legislativo 2017-2021. La Función Legislativa, estructurada en su mayoría por asambleístas elegidos por la lista 35, durarían poco como un solo bloque legislativo, se fraccionaron en dos bandos: los seguidores del presidente Lenin Moreno; y, los fieles a Rafael Correa.

La Asamblea Nacional no dictó leyes para recuperar el dinero usurpado al Estado y tampoco ha cumplido con su mandato constitucional, sino ¿Cómo entender que nada se ha hecho por conocer los contratos petroleros con China? ¿Cómo interpretar el que no se haya investigado los destinos de los recursos de los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Cómo es posible que los asambleístas no hayan esclarecido el uso de los recursos generados por impuestos, rebaja de sueldos a funcionarios públicos, donaciones internacionales y otros para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas? Pero no serían culpables solo por omitir su responsabilidad de fiscalizar, ahora, algunos de ellos, por ser parte de las redes de corrupción en los hospitales públicos del país.

No todo debe ser desolador, en febrero de 2021, los ecuatorianos tienen la gran oportunidad de elegir presidente y vicepresidente de la República y 137 asambleístas, que deberán gobernar para facilitar la recuperación económica del pueblo y para fiscalizar el uso de los recursos públicos.

Está en los electores cambiar la obscuridad, por la luz del progreso. (O)