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Una y otra vez el pueblo ha reconocido los roles institucionales históricos de las FF.AA. al igual que ha condenado y combatido a quienes la condujeron a posiciones represivas, entreguistas y antipatrióticas, violentando la democracia y el ordenamiento jurídico del país.
Se ha recordado insistentemente que, de conformidad con las normas constitucionales, a las FF.AA. les corresponde someterse al poder civil; no cuestionarlo ni presionarlo y peor advertirlo por intereses particulares, esgrimiendo pomposamente a los ‘uniformados’ como intocables y una suerte de casta privilegiada.
En la región no estamos en tiempos de discriminaciones ni dictaduras al servicio de élites y políticas imperiales.
Por ello sorprende la actitud beligerante asumida por algunos oficiales que, alrededor del tema Issfa, seguramente, como en otros tiempos, apoyados por infiltrados agentes de la derecha -y no sería raro de la CIA- desvirtúan la intención del Gobierno y su Ministro de Defensa de revisar el marco legal para asumir medidas que permitan eliminar discriminaciones, a fin de que todo el personal militar tenga acceso a los beneficios, incorporando a la tropa, cuyos miembros salen de las entrañas del pueblo y que con el Gobierno han sido muy bien tratados; privilegios y claras distorsiones asumidas por los gobiernos de la partidocracia y lamentablemente ‘descubiertas’ por el actual, con marcado retraso.
El ministro está informando a todos en los cuarteles, lo que molesta a ciertos engreídos; ellos sí, sectarios y divisionistas, que tergiversan y confunden tendenciosamente.
No se puede, con el dinero del Estado, es decir de todos los ecuatorianos, entregar altos montos para financiar privilegiadas pensiones jubilares y cesantías, frente a los civiles del IESS. Nadie en sano juicio puede aprobar esta discriminación.
Las pensiones de altos oficiales superan los $ 5.000 (cinco mil dólares) mensuales, mientras que en el IESS (que atiende a 3,5 millones de afiliados) las más altas son del orden de $ 2.000 (dos mil dólares mensuales); o sea, menos del 40% de aquellos. El monto de cesantía por jubilación para los oficiales supera los $ 200.000 (doscientos mil dólares); en cambio, para los civiles es de un máximo de $ 52.000, la cuarta parte o el 25%.
Esto debe revisarse, sin que se afecten derechos, dentro del marco jurídico vigente; no deben persistir prebendas, privilegios y discriminaciones, y se debe rechazar las bravuconadas y poses de engreídos supermachos, que deben entender que estamos en otra época y que las políticas públicas, como la de seguridad social, no pueden ser sectarias, excluyentes, sino basadas en principios universales, como el de solidaridad; no caben dedicatorias ni nadie se puede creer representante de la patria o algo parecido, ya que a ella y su grandeza contribuimos todos: en especial los obreros, campesinos y trabajadores en general; soldados y policías, maestros y empleados públicos, desde los frentes productivo, social, de seguridad y defensa.
A corregir lo que se deba, en derecho, con justicia y transparencia, con serenidad, sin presiones ni amenazas, en función del interés nacional. No es, no cabe, una confrontación entre civiles, que somos la inmensa mayoría; y militares, una muy respetable minoría, a la que tuve el honor de servir como catedrático en la Academia de Guerra Naval, donde compartí con excelentes oficiales. (O)