El embarazo adolescente es visto habitualmente como un “problema” social y como una conducta individual desviada de la norma que debería corregirse con la voluntad de la propia adolescente. Investigaciones académicas desarrolladas en otras latitudes muestran que es un problema complejo que debe considerar necesariamente las desigualdades sociales y las asimetrías de género.
En nuestro país, en mi opinión, este es un tema que debe ser investigado con mucha rigurosidad. Desde el activismo se ha hecho un esfuerzo importante por actualizar información y proponer políticas públicas sobre el tema. La Fundación Desafío ha circulado un informe actualizado en el que determina que cada año se embarazarían, aproximadamente, más de 2.000 niñas, y que 80% de esos embarazos serían producto de violación, estos embarazos precoces se producirían en los estratos más pobres del país.
La actuación del sistema de salud en estos casos es profundamente limitada y se reduce al acompañamiento al embarazo y parto. Por ello, con mucha razón, se demanda desde el Estado un programa de atención integral, articulado y multisectorial. Como recordamos, este tema, y otros relacionados con la salud sexual y reproductiva, han ido de tumbo en tumbo en el país, con el Enipla, que fue abandonado por el Plan Familia en el correísmo, y aún no tenemos una propuesta consolidada en el nuevo gobierno. No obstante, las violaciones a las niñas no se detienen.
El embarazo adolescente en caso de violación, como lo sostiene el informe -criterio al que me uno fervientemente-, debe ser despenalizado, lo cual abriría la posibilidad legal de un aborto no punible. Esta no es una idea peregrina, cinco comités de Naciones Unidas han recomendado a Ecuador la despenalización del aborto en caso de violación y malformaciones letales del feto, pero no se lo ha hecho, a pesar de que las convenciones que como país hemos signado son vinculantes, así como sus recomendaciones ¿Qué espera la Asamblea Nacional y el presidente Moreno para acoger las recomendaciones de estos organismos y asumir la responsabilidad estatal sobre un tema que violenta derechos de nuestras niñas?
Sugiero que la academia también tiene acá una corresponsabilidad, porque estos temas no se están investigando, no hay información suficientemente actualizada, ni interpretada con enfoques más rigurosos. Mientras no tengamos esto, se imponen los lugares comunes, la justificación simbólica de imágenes sexistas, clasistas y de dominación generacional respecto al embarazo adolescente, lo cual termina restringiendo los derechos de las niñas y adolescentes. (O)
