En días pasados, en Lima, Perú, 14 Asociaciones de dolor en América Latina, incluyendo al Ecuador, firmaron la Declaración de Lima, que representa, sin duda, un hito para que el país fije al dolor crónico como un tema de vital importancia en la salud de los ecuatorianos. Esta declaración, marca el punto de partida que el Ecuador y muchos otros países de la región necesitan para abordar de manera correcta el tratamiento del dolor.
Todavía el Ecuador pareciera no reconocer que el dolor crónico es una enfermedad, no un síntoma. Y esto no deja de preocuparme, porque, aunque sin la intención expresa de hacerlo, estamos ignorando que en el país aún hay personas que sufren sin recibir diagnósticos precisos y oportunos y que terminan eligiendo el camino de la automedicación. No podemos seguir construyendo un país que mire a un lado cuando se habla de dolor.
Veo como un gran avance que la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) ya reconozca al dolor crónico como enfermedad y que cientos de médicos ya se han reunido para encontrar soluciones, que respaldamos y fomentamos constantemente, pero estoy convencida de que aún podemos hacer mucho más. Sobre todo ante los datos que la Federación Latinoamericana de Asociaciones para el Estudio del Dolor (FEDELAT) nos muestra y que reflejan que el dolor crónico afecta a entre el 27% y 42% de los latinoamericanos[1].
Por eso escribo esta nota como una nueva voz de alerta. Necesitamos actuar con urgencia, pero sobre todo con un profundo sentido de humanidad. La Declaración de Lima nos ha marcado una clara hoja de ruta: reconocimiento urgente del dolor crónico como enfermedad de parte de autoridades y gobiernos; más profesionales de la salud formados para atender dolor crónico; más y mejores informes de investigación clínica que se trasformen, en el mediano plazo, en políticas públicas de salud y, por supuesto, mayores asignaciones de recursos para investigación, que se traduzcan en pacientes bien diagnosticados y con pleno acceso a tratamientos.
Porque la salud no puede limitarse a mesas de diálogo y a compromisos firmados; la salud debe ser una prioridad nacional y ese es un deber de todos quienes vivimos para garantizarla. Al día de hoy hay ecuatorianos sufriendo sin saber qué solución les queda. Y mientras eso ocurra, todo esfuerzo aún no será suficiente.
Creo que el camino está marcado, y que, a pesar de todo, podemos imaginar un futuro alentador para la salud de los ecuatorianos. La Declaración de Lima debe ser el punto de partida para que autoridades, organizaciones médicas, sector privado y el gobierno nacional construyamos, definitivamente, un sistema de salud que garantice a los pacientes del país un acceso adecuado a diagnósticos de salud precisos, con personal constantemente capacitado para conseguirlo.
[1] Estimación realizada por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Estudios para el Dolor (FEDELAT) con base en la incidencia global reflejada en: Pain as a Global Public Health Priority (2011). Disponible en: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-11-770
