En el marco de la socialización del proyecto de Ley de Seguridad Pública y del Estado (LSPE), el entonces Ministro de Defensa, Javier Ponce, comentó que la ley buscaba “desmilitarizar el concepto de seguridad“. No solo fue una búsqueda por la desmilitarización del concepto de seguridad, sino también de la estructura del aparato de seguridad inspirado por la Guerra Fría y la Doctrina de Seguridad Nacional. Se buscó devolver el mando de las instituciones de seguridad a la sociedad civil; la supremacía civil como elemento fundamental para lograr una verdadera consolidación democrática en todo los estamentos del Estado, incluidos los servicios de seguridad, con su preocupante tradición de autonomía.
Preocupante, al fin, porque las Fuerzas Armadas eran el voto dirimente de ese intento de democracia que fue el Ecuador desde el fin de la dictadura. Unas fuerzas de seguridad que tenían como consigna ser “defensores de la Constitución“, lo cual se traduce en estar por encima de la Constitución. Y esta posición no solo fue defendida por las propias FF.AA., sino también se lo hizo desde la ciudadanía, acostumbrada a esperar la respuesta de las FF.AA. para conocer el futuro de los Presidentes. (Mala costumbre que todavía no se nos ha quitado).
La LSPE dio pasos para crear una ruptura con la Doctrina de la Seguridad Nacional y devolver el mando de las instituciones de seguridad interna a la sociedad civil. Se puso a la coordinación de la inteligencia bajo mando civil (Art. 15), al igual que la coordinación de los ministerios relacionados con la seguridad (Art.11). Principalmente, se prohibió la participación de elementos activos de las FF.AA. y la Policía Nacional dentro de la dirección de los organismos de seguridad. Y hay una toma efectiva de estos espacios: son civiles los que entran a ocupar la dirección de las instituciones de seguridad.
Todo bien hasta aquí. La seguridad pública no se desmilitariza de la noche a la mañana, hay comportamientos y estructuras incrustadas en el sistema que necesitan de largos procesos para ser modificados. Se dieron, sin embargo, por primera vez en la historia del país, los primeros pasos para iniciar este proceso. Luego vino el 30-S y regresamos a lo mismo de antes: se devolvió el mando de las instituciones clave a agentes vinculados a las FF.AA. y la Policía Nacional. La Senain pasó de estar al mando del Arq. Jijón al vicealmirante Yépez y, eventualmente, al actual Rommy Vallejo, teniente Coronel de la Policía Nacional.
Esto es un problema. Y es un problema porque más allá de que los mandos de las instituciones de seguridad y de inteligencia deben, según la ley, estar a cargo de civiles, cuando no están a mando de civiles, entonces tenemos problemas con el uso de los recursos, reflejado en el todavía oscuro caso de Hacking Team y la Senain. Es decir, de ser cierto, espiar a opositores y oficialistas solo puede nacer de una concepción del ciudadano como el enemigo. Solo puede nacer de esa concepción de la Doctrina de Seguridad Nacional, de intervenir en la política, de perseguir comunistas, de derrocar gobiernos.
La LSPE llegó a reestructurar la organización de los organismos de seguridad. La Senain pasó del mando militar a estar directamente bajo la Presidencia, el mando civil. Es una buena oportunidad para dar una profunda mirada a lo que estaba pasando en los servicios de inteligencia. Si del problema con Hacking Team no pasa nada en la Senain, las cosas solo se pondrán peor. (O)
