El derecho humano a migrar

- 22 de agosto de 2018 - 00:00

La (in)migración es un gran termómetro social, no solo del nivel de tolerancia, de solidaridad, sino también de la hipocresía social que subyace a una sociedad como la ecuatoriana. Nadie duda de que lo que pasa en Venezuela es grave, pero más allá de las defensas o ataques, está primero la situación concreta de los miles de venezolanos en condición de movilidad humana, que se quedan o están de paso por Ecuador.

Esta situación no se soluciona burocráticamente pidiendo un pasaporte. Ecuador ha sido ejemplo mundial en acoger dignamente a quienes han decidido quedarse en este país. Parece que ahora eso de que somos el país con el mayor número de refugiados de América Latina no importa nada. Y la mayoría absoluta de aquellos refugiados son colombianos.

Claro que hay responsabilidad de esos Estados, pero primero está el bienestar de quienes se ven obligados a hacerlo; y de estos, los niños, las niñas, los adolescentes y mujeres, que son, generalmente, más vulnerables a la trata y tráfico de personas. Pero la hipocresía lleva a poner como eje de la discusión el que si vienen a “quitar empleo” o “que no alcanza para los propios ecuatorianos”.

Hipocresía, porque es olvidar intencionalmente lo que los banqueros le hicieron a este país en 1999. Cientos de miles migraron y enviaron sus remesas y salvaron al país. ¿Dónde estuvo el gran empresariado? Pidiendo reducción de impuestos, para variar. Las lecciones aprendidas por la mayoría de la sociedad se plasmaron en la Constitución de Montecristi. ¡No existen personas ilegales! No es tan difícil de entender. Basta leer la Ley Orgánica de Movilidad Humana: “Nadie podrá ser discriminado por su condición migratoria”. La Constitución dice: “Se reconoce a las personas el derecho a migrar”.

“No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria”. Pero observamos que no es un problema de leyes, sino buscar socialmente un chivo expiatorio a los propios males que una sociedad no se atreve a enfrentar. La solución no está en el Estado o en el Gobierno, sino en la ciudadanía, porque a muchos no les interesa ninguna ley, sino hacer de la inmigración un hecho político-policial: orden y progreso como en las viejas dictaduras latinoamericanas. (O)