Medios públicos

- 23 de julio de 2020 - 00:00

En los años setenta estaba en boga la nueva disciplina de la Comunicación Social. No solo se definía la teoría, las técnicas y los formatos: la noticia para informar el hecho de interés social. El reportaje, para contextualizar el acontecimiento coyuntural. La opinión argumentada, para mostrar una posición acerca de un problema que afectaba a la comunidad. La verdad y el hecho giraban alrededor de lo que era verificable por medio de los sentidos. De esa manera, el periodismo puso una raya con respecto a la literatura, la ficción y la sensación. A la par surgieron discusiones acerca de la incidencia de la información en la conciencia ciudadana y la democracia.

Desde aquella época, Europa ya tenía claro que la información era un derecho y un fenómeno social que se desplegaba en un campo de interés público. Además, había concordado que la información masiva mediatizada, se había convertido en una de las ramas instructoras de la educación permanente; por lo tanto, los medios estaban fungiendo como maestros. Schwoebel, un connotado periodista francés afirmaba que el informador-periodista tenía a su cargo la “instrucción generalizada del hombre después del trabajo”.

La cuestión de la comunicación como fenómeno público, abrió el debate en torno a si las empresas privadas eran capaces, dada su naturaleza lucrativa, de desplegar información social. Al respecto, varios periodistas de Le Monde, respondieron que era necesario una gestión paralela a cargo de una “Fundación Nacional de la Información”, que dirigiera medios públicos no estatales, libre de intereses.

De hecho, la experiencia demostraba que la comunicación privada no garantizaba la comunicación social y que, a su vez, los medios estatales terminaban siendo instrumentos del grupo político que estaba en el gobierno de turno. Por otra parte, aunque había acuerdo sobre el rol de la sociedad civil, la experiencia demostraba la tendencia a la corporativización de los gremios de periodistas.

El debate no quedó zanjado. No obstante, está claro y es irrebatible, que toda comunidad “nacional” movida por la democracia, debe mantener sus Medios Públicos, con el fin de gestionar la información social ligada a la formación de la conciencia ciudadana y a la educación crítica. Vale decir, por si no está claro, que libertad de expresión no es lo mismo que información social. (O)

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