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Bernardo Sandoval

Injusticia contra internos rotativos

05 de mayo de 2019 00:00

Espero que para la próxima semana llegue a primar la razón y el sentido común para que, el malhadado acuerdo interministerial entre las carteras de Salud Pública y del Trabajo, que, con injusticia total afecta a los Internos Rotativos, sea derogado.

Rebajar el estipendio  para los Internos Rotativos que son estudiantes de Medicina del último año, que trabajan hasta 80 horas semanales y que son aporte fundamental en el funcionamiento de los hospitales públicos y privados, es un monumental absurdo.

Es obvio: en toda sociedad se busca mejorar las condiciones y no deteriorarlas, se  propende  el desarrollo y no el retroceso, se intenta subir los sueldos y no rebajarlos.  Definitivamente lo actuado por los dos ministerios es desastroso y habla muy mal acerca del razonamiento y el sentido social del gobierno. Aparte de lo dicho, el acuerdo es inconstitucional en cuanto representa, inequívocamente, la regresión de derechos.

Cierto es que hay un exceso de estudiantes de Medicina, lo cual conllevará a agravar el ya notable exceso de médicos en el Ecuador.  Cierto es que el Estado ecuatoriano, a través de sus organismos de Salud y Educación Superior, deberían tratar el tema.  Lamentablemente no lo han hecho.  Durante la década perdida se alertó insistentemente sobre esta realidad y nada se hizo.

Es hora de que haya responsabilidad de los estamentos de poder y que el problema sea abordado con inteligencia, sin demagogia y que las Instituciones de Educación Superior sean objetivas en analizar la situación  y consideren reducir los cupos para estudiantes de Medicina.

La cuestionada decisión interministerial de reducir el estipendio de los Internos Rotativos surge del desborde en el número de estudiantes de Medicina del último año, particularmente en la provincia de Guayas, en donde el descontrol es total.  No obstante, la solución construida en el acuerdo interministerial es verdaderamente patética.

No cabe que un problema generado por la irresponsabilidad de las autoridades, a través de décadas, dé lugar a una solución inepta y parcial pero, sobre todo, injusta e inconstitucional.  La razón y la justicia deberán prevalecer. (O)

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