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Cristian Bravo Gallardo

Mar de dudas / Dilema

03 de octubre de 2020 00:00

“No nos corresponde a nosotros obstaculizar la participación o poner frenos o límites al libre actuar de las distintas expresiones políticas o programáticas. Corresponde a las diferentes corrientes de pensamiento político presentarse y en una justa electoral recibir o no la confianza y el apoyo ciudadano”.

Esa es la frase que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, colgó en su cuenta twitter, luego de que la mayoría que preside esta entidad electoral permitiera a la alianza Unión por la Esperanza (UNES) subsanar, en 48 horas, los requisitos inconclusos de su binomio presidencial. Dicha alianza tiene plazo hasta hoy (viernes) para proponer al reemplazo de Rafael Correa y para corregir el error en la entrega de la cédula de Andrés Arauz.

La aceptación personalísima de la candidatura tiene más tintes políticos que técnicos, pues los consejeros que votaron a favor se basaron únicamente en los derechos de participación más no en lo que disponen las normas.

Tanto la Constitución como el Código de la Democracia establecen de manera clara, que no se puede inscribir una candidatura si es que la organización política no ha cumplido con su proceso de democracia interna, en el cual consta la aceptación personalísima de la candidatura y no de manera virtual. Si el CNE no aceptó una candidatura virtual esta no existe, por lo que no se cabe cambiar algo que no existe.

De lo actuado y señalado por la presidenta del CNE se entiende que las organizaciones políticas pueden actuar al margen de la ley y que la tarea del CNE se limita solo a ser un observador pasivo.

¿Qué sucede entonces con los artículos de ley que regulan la participación electoral y en donde el CNE es la principal autoridad? Es una interrogante que quedará flotando en la ciudadanía.

El correísmo, saltando la ley, podrá participar en la próxima contienda electoral, pero su realidad estará marcada por la condena a sus principales figuras y la falta de una estructura estatal a la que se acostumbró por más de una década. Es probable también, que el nuevo escenario provoque el desvanecimiento de la figura del perseguido político, configurada por su líder desde su salida del poder.

Lo actuado por el CNE vuelve a poner en evidencia nuestra frágil democracia, pues consiente la violación de normas establecidas, sin la aplicación de sanciones. En un escenario electoral en donde está de por medio la integridad del Estado y en el cual se busca recuperar la institucionalidad democrática, las acciones del Consejo Nacional Electoral nuevamente vuelven a generar un mar de dudas. (O)

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