Todas las investigaciones académicas serias, que se han hecho en varios países y en Ecuador acerca de las consecuencias no deseadas de las pruebas masivas estandarizadas de ingreso a la educación superior que tomaba la Senescyt, muestran que es un mecanismo de acceso que genera dificultades porque reproduce la desigualdad. Para el caso de Colombia ver Martínez Rizo, 2010. Para el Caso de Estados Unidos ver Slack, 1980; Crouse y Dale Trushein, 1988; Wainer and Steinberg, 1992. Para el caso de Chile ver Donoso y Schiefelbein, 2007; Caiceo Escudero, 2013. Para el caso de Ecuador ver Guerrero, 2013; Moreno, 2015; Cabrera, 2015; Vásquez, 2017; Luna, 2017; Moreno y Cabrera, 2017; Guerrero, Avilés y Loor, 2017; Delgado y Japón, 2017; Viera, 2017. Estas investigaciones evidencian que las pruebas estandarizadas de aptitudes no son los mejores mecanismos de selección para el ingreso a la educación superior. Tampoco el acceso universal y gratuito que se planteaba en la ley se consiguió, sino justo el efecto contrario. Por ejemplo, datos de la Direccion de Planeamiento de la Universidad Central revelaron que entre 2011 y 2013 la matrícula pasó de 48.110 estudiantes a 39.382.
En síntesis, con estas pruebas los jóvenes terminan siendo las víctimas de una educación pública de mala calidad que se suma al escaso capital social y educativo de su entorno. Todo esto es injusto, porque en efecto se frustra su ingreso a la educación superior y sus proyectos de vida.
Estas pruebas se han tomado en varios países del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos es la prueba denominada SAT, pero que ahora se ha vuelto optativa, mientras en Chile, luego de varias décadas y de estudios psicológicos, se decidió cambiarla por un examen de conocimiento más específico de acuerdo con la carrera.
Las pruebas que se venían tomando en Ecuador también eran basadas en “aptitudes”, éstas parten del supuesto de que estas aptitudes son estables en las personas y no podían ser entrenadas, pero luego se demostró, a través de estudios psicológicos, que esto es falso, ya que son los estudiantes cuyos padres podían financiar esos cursos privados los que tienen mayores probabilidades de aprobar el examen. En efecto, encuestas que se realizaron en la Universidad Central mostró esto mismo, en relación con el país.
Las pruebas de admisión son cada vez más generales en los diversos países, debido a que no todos los que aspiran encuentran cupos para ingresar. Sin duda, una población más educada va a significar una gran diferencia para ese país, los países desarrollados que más cuentan con población de educación superior son Canadá, Japón, Israel, Corea del Sur, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Finlandia entre otros, todos ellos con un promedio que ronda la mitad de su población. Pero esto es muy distinto en América Latina, aquí los países que cuentan con población que se ha cursado educación superior apenas ronda entre el 20% y están en el orden Costa Rica, Colombia, México (Torres, 2022). Estas pruebas de admisión generalmente son descentralizadas, es decir las implementan las propias universidades atendiendo a las destrezas y conocimientos básicos para optar por determinada carrera; sin embargo, en algunos países persisten las centralizadas. En el caso de Corea, por ejemplo, se ha investigado la alta tasa de suicidio de jóvenes relacionado con la no aprobación de la prueba de ingreso de la Universidad.
El examen de admisión que tomó distintos nombres: ENES, Ser Bachiller, EAES, Transformar, y que se inició desde 2011, se le hicieron algunos ajustes, pero todos ellos fueron pruebas estandarizadas que medían aptitudes, es decir pruebas de lógica, de cálculo y verbales. La reforma a la Educación superior durante el gobierno de Correa fue una apuesta importante que puso prioridad, recursos y políticas de cambio, sin embargo, fue centralizada por no decir autoritaria, y generó varios fallos en la política pública como la categorización universitaria, programas de becas a personas que no necesariamente lo requerían, o el propio proceso de acceso a la universidad que reprodujo las desigualdades en nuestra sociedad. En efecto, se demostró que los estudiantes de los colegios privados de las grandes ciudades sacaban los mejores puntajes, y justamente aquellos que sus padres tenían los mejores niveles educativos.
En este contexto, se formó un grupo de trabajo denominado Universidad y Sociedad, cuyos miembros éramos docentes y estudiantes de distintos centros universitarios del país que nos activamos para estudiar los procesos que se estaban dando y que podíamos ver en nuestras propias aulas. La idea era tener una voz pública informada que pueda generar un debate acerca de los problemas que conllevó la reforma. Evidentemente durante el gobierno de Correa fuimos estigmatizados, debido a que cuestionábamos sus cifras y sus prácticas de restricción de las estadísticas universitarias, información que se pagaba con dinero público que debía ser abierta para ser usada en la investigación.
En el gobierno siguiente hubo una relativa apertura, se provocó la reforma a la LOES en 2019 y se hizo ajustes al proceso de admisión introduciendo algunas medidas de compensación que permitan “igualar” de algún modo la profunda desigualdad de nuestro país: pobreza, violencia por género, minorías étnicas, disparidad territorial, entre otras. Fui parte de ese proceso, brevemente, en calidad de Subsecretaria de Educación Superior, pero hay que reconocer que realmente eran parches momentáneos, no obstante, se estaba realizando una evaluación integral del proceso de admisión, juntamente con el Ministerio de Educación, para poder diseñar una nueva estrategia; esto quedó trunco ya que se dieron cambios dentro de Senescyt.
Hoy el presidente Lasso ha anunciado -con bombos y platillos- que a través de una reforma al reglamento académico de la ley de Educación Superior se ha eliminado el examen de ingreso, demanda que fue solicitada por varios colectivos de jóvenes, organizaciones políticas y movimientos sociales y, además, ofrecida por el propio Lasso en su programa de campaña.
Visto bien las cosas, no se elimina el examen, lo que se señala en el reglamento es que la admisión, en nombre de la autonomía de las instituciones de educación superior, la hará cada institución, y excepcionalmente en caso de no poder hacerlo, se podrá solicitar que la realice la Senescyt. Este reglamento, aparentemente, vulneraría la propia Ley debido a que en esta última se dice expresamente que la planificación e implementación del proceso estará a cargo del organismo rector. Dentro del mismo reglamento también se señalan que estos procesos deben tener algunos criterios como la libre elección, la igualdad de oportunidades y la consabida “meritocracia” la cual se arrastra desde el correísmo y con la que comulga también este gobierno al parecer, y que en esa literatura citada y otra ha sido caracterizada como una “trampa”, como lo señala el profesor de Yale, Markovits. Más allá de lo legal, este cambio de descentralizar el examen, que hubiera sido clave que se de en la reforma de 2019, no es la panacea, sino requiere de una serie de medidas complementarias.
En efecto, esto ha generado un debate acerca de si esta medida concreta va a mejorar las cosas o las va a complicar más. Y de verdad que hay razones para temer, debido a que se traslada a las universidades este proceso, lo cual me parece apropiado. Sin embargo, esto no se puede hacer de manera tan apresurada y sin transferir paralelamente más recursos. En efecto, por un lado, supone dar el tiempo y los recursos a las universidades para que puedan consensuar, programar y ejecutar estos procesos, así como ampliar los cupos. Las universidades públicas son instituciones deliberantes, que se rigen por un cogobierno, y requieren precisamente tomar las mejores decisiones revisando, por ejemplo, algunos de las investigaciones que aquí he sugerido y diseñando un mecanismo que no sea este examen estandarizado sino uno alternativo, que si los hay.
El colectivo Universidad y Sociedad, liderado por Pablo Ospina académico de la Universidad Andina, publicó un manifiesto en el cual sugería líneas generales de propuesta y que, por haber sido coautora y firmante de este manifiesto, me permito transcribir:
“Definitivamente hay que buscar otro modo de asegurar el ingreso de los estudiantes a las universidades públicas. Decenas de miles, quizás centenas de miles de jóvenes ecuatorianos ya han tenido que postergar sus vocaciones o dirigirse a universidades privadas, en caso de que puedan pagarlas, en lugar de entrar en las universidades públicas. Terminamos presentando algunos criterios sobre cómo reemplazar el injusto sistema instaurado desde 2011 en el Ecuador. El sistema de ingreso anterior a 2011 tampoco era bueno; no se trata de regresar a él. Pero el principio de un acceso universal y gratuito de los jóvenes a la universidad debe respetarse. De hecho, es indispensable, si se quiere lograr el objetivo reconocido por el mismo gobierno nacional de subir la tasa de matrícula universitaria al 50% de los jóvenes en edad de estudiar. No es un gasto fiscal dispendioso ni desproporcionado; cálculos detallados en Colombia muestran que es perfectamente viable en términos financieros garantizar ese derecho.
En lugar de imponerse desde arriba, como ha ocurrido con el ENES, hay que recoger lo que aprendimos de experiencias pasadas. Sistemas como el pre-politécnico en la Escuela Politécnica Nacional mostraron algunas experiencias útiles para carreras técnicas. Podemos aprender mucho de sus éxitos y fallas para aplicar sistemas adaptados a otras universidades y otras carreras. De esta manera, el primer año, o al menos el primer semestre de las universidades públicas debe reorganizarse para recibir a los nuevos estudiantes. Ejemplos como los de algunas de las mejores universidades públicas argentinas muestran la necesidad de un período de enseñanza de lectura, escritura y matemáticas al recibir a los estudiantes en la universidad: mejorar las destrezas reales de lectura, escritura y matemáticas es asumir que éstas son debilidades corrientes de los estudiantes que aspiran a ingresar a la universidad, antes que simplemente someterles a una prueba para medir aptitudes. Así, en vez de usar una prueba estándar para definir quién entra a la universidad, se podrían emplear pruebas de cálculo, lenguaje y conocimientos específicos para la carrera elegida para identificar los jóvenes que necesitan un primer año propedéutico para nivelarse dentro de la institución de educación superior y destinado a corregir estos problemas arrastrados de los ciclos de estudios anteriores.
En ese período se ofrecería la oportunidad a los y las estudiantes de hacer su esfuerzo y ver si es la carrera apta para ellos, con la posibilidad de cambiar su carrera si no es lo que en realidad les apasiona o desean. Para facilitarlo, el año propedéutico podría organizarse según grandes áreas de conocimiento, como sociales, ciencias de la vida, física e ingeniería, etc. y utilizar para orientar a los estudiantes no solo una prueba sino un seguimiento y conocimientos cualitativos de las situaciones particulares de cada estudiante. Este período serviría también para orientar mejor a los estudiantes que quieran y puedan estudiar las opciones técnicas y tecnológicas sin desvalorizarlas como la educación de quienes fracasan y tienen bajos puntajes, sino como una opción legítima y diferente, socialmente y culturalmente útil y valorada.
El sistema de ingreso no debería suponer una ilusoria “igualdad de oportunidades”, sino que debería contemplar mecanismos de preferencia para los grupos marginados, como becas de manutención, sistemas adecuados de apoyo psicológico y mayor flexibilidad en los tiempos de graduación, para que puedan permanecer en sus carreras; así mismo, debería haber estímulos de avance acelerado para quienes cubren de mejor manera los conocimientos secuenciales, incremento de oportunidades de evaluación, pasantías de aprendizaje, y asociar los conocimientos con el trabajo que van a desarrollar en su vida, por mencionar unos pocos. He ahí algunos elementos para discutir sobre un posible sistema de ingreso alternativo, más justo, más humano, más apropiado a nuestra realidad y más coherente con los principios de justicia, equidad e igualdad”.
