La participación política de las mujeres es el resultado de una lucha histórica que generaciones anteriores nos han legado como una responsabilidad ineludible para la construcción de una democracia con participación igualitaria de las mujeres en las estructuras políticas.

La tenacidad de personajes como ‘las tres Manuelas’ (Cañizares, Espejo y Sáenz), en el siglo XIX, que enfrentaron la durísima estructura colonial; Matilde Hidalgo, primera bachiller, médica, empadronada y votante femenina en 1924; o luchadoras sociales incansables como Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango o Nela Martínez, en pleno siglo XX, han servido de referente y compromiso para que las mujeres de hoy asumamos el reto de participar, liderar y transformar nuestra realidad, a pesar de que haya todavía quienes no comprendan que generar un entorno libre de violencias es el cimiento básico para una convivencia armónica y próspera.

Ese es el caso de la violencia política, un tipo de violencia cometida en contra de servidoras públicas, representantes populares, candidatas, votantes y activistas, o en contra de su familia, con la finalidad de restringir o impedir sus acciones o el ejercicio de sus funciones, según sea el caso; es decir que, como otras expresiones de violencia, tiene su fundamento en causas socialmente construidas –patrones culturales androcéntricos– que sustentan y condicionan los roles de las mujeres y limitan nuestro acceso a las mismas oportunidades que a los pares masculinos, por el simple hecho de ser mujeres.

Según la Corporación Participación Ciudadana, entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de octubre de 2020, solo a través de la red social Twitter circularon 15.093 expresiones denigrantes en contra de mujeres políticas en nuestro país. Por ello es tan importante la promulgación de una ley contra el acoso y la violencia política, que refuerce lo que estipula la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y en concordancia con lo que establece la Convención Belem Do Pará y otros instrumentos internacionales sobre la materia.

Sin embargo, al ser una problemática invisibilizada y hasta naturalizada en nuestro medio, es indispensable la sensibilización y corresponsabilización de la sociedad civil, sus organizaciones y medios de comunicación, para colocar el tema sobre el tapete del debate público, rechazar la descalificación y el acoso como formas de hacer política e interpelar a quienes hagan uso de estas prácticas, promoviendo así un compromiso común que vaya más allá de ideologías o intereses particulares.