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Ximena Ortiz Crespo

Los derechos de las niñas mujeres

08 de mayo de 2021 00:00

Muchos profesores, si pueden escoger, evitan dar clases a adolescentes. Los chicos están en plena ebullición y se requiere mucho tino lograr que aprendan, que vayan madurando y que tomen en sus manos el futuro. Pero otros profesores, como yo, consideran una bendición tenerlos cerca, aprender de ellos, observar su comportamiento, ser testigo de sus cambios. Asistir a su transformación en un período crítico y decisivo de su vida que los convierte en seres adultos es verdaderamente fascinante.

Durante la adolescencia, los jóvenes transitan una etapa llena de energía, cambios anímicos, dificultades para relacionarse con los demás –especialmente con las personas mayores–, disfrutan de la complicidad de sus compañeros, establecen amistades que duran toda la vida, viven de fiesta y evitan la responsabilidad. Muchos inician sus experimentos en la búsqueda de pareja y de vida sexual.

Los desarrollos físicos y psicológicos de los púberes son universales, pero los contextos socioculturales dentro de los cuales estos ocurren varían considerablemente dependiendo del ambiente al que pertenecen y a las normas de género que se aplican en sus grupos sociales. En la sociedad ecuatoriana en general, las normas para los varones establecen que deben ser fuertes, dominantes, tener el control, correr riesgos, hacer gala de su sexualidad activa; para las mujeres: ser suaves, sumisas, atractivas, modestas, ocultar su eroticidad, ser sexualmente pasivas y, por cierto, estar al servicio de los demás.

En esta etapa, que es la flor de la vida, las jóvenes están en constante riesgo de que el inicio de sus relaciones sexuales sea producto de la violencia sexual. Así lo evidencian las estadísticas que ponen al Ecuador en un nivel vergonzosamente alto en cuanto a la incidencia del embarazo adolescente. Por ello, es urgente que la sociedad tome conciencia de que un embarazo no deseado trunca la trayectoria vital de una adolescente. Dada la falta de madurez biológica y psicológica de las jóvenes, sus embarazos conllevan situaciones precarias que desencadenan graves problemas para la madre, el hijo, la familia y la sociedad entera.

Las estadísticas del Ministerio de Salud Pública señalan la fragilidad de las madres adolescentes: 14% de las muertes maternas tempranas se dan entre niñas mujeres de 10 a 19 años. La probabilidad de que las mujeres menores de 15 años mueran debido al embarazo o parto es cinco veces superior a las de una mujer entre 20 y 30 años.

En cuanto a la educación, las niñas desertan y no llegan a concluir la secundaria. Se les dificulta encontrar un empleo estable y digno, lo que perpetúa el ciclo de feminización de la pobreza. Su proyecto de vida se ve seriamente amenazado.

La Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica, Italia y el Caribe (CODAJIC), integrada por veintiún países, veintisiete instituciones y dieciséis universidades, afirma que, si bien el Ecuador tuvo una disminución de la tasa de embarazo adolescente entre 2011 y 2014 producto de las políticas públicas intersectoriales, en los últimos años ha sufrido un retroceso. Esto significa una grave vulneración a los derechos de las niñas y adolescentes, y pone en alerta al sistema de salud pública. La CODAJIC afirma también que esta situación se ha incrementado en el contexto de la pandemia, en especial, para las adolescentes de los niveles económicos más vulnerables. La confederación mencionada pide al Estado ecuatoriano que entienda las causas de este fenómeno, lo aborde integralmente y le dé un tratamiento interdisciplinario en el que contribuyan las diferentes instancias estatales.

¿Qué debe hacer el Estado ecuatoriano para reconocer que los y las jóvenes son sujetos de derechos? Los especialistas afirman que son indispensables una concatenación de políticas públicas que generen acciones de sensibilización y comunicación. Lo primero es que reconozca y legitime socialmente que los adolescentes son sexualmente activos. Y, ya que la violencia sexual y las conductas de los jóvenes tienen altos riesgos de generar efectos negativos en el futuro (bienestar, salud, educación y economía) de las adolescentes, el Estado debe promover la movilización de toda la sociedad para la educación sexual de chicos y chicas, proveer servicios de salud sexual y reproductiva, ofrecer anticonceptivos y fomentar la política de tolerancia cero a la violencia de género y al matrimonio infantil. Es urgente que el Estado implemente políticas y acciones que aborden las causas, superando prejuicios morales o religiosos. Las estrategias deben dirigirse a provocar cambios culturales, romper estereotipos y cambiar normas y actitudes sociales, particularmente aquellas que consienten la violencia sexual y de género.

El Presidente electo se ha comprometido en ponerle fin a la violencia contra la mujer. Ha afirmado públicamente que ya basta de estar indignados y que es necesario actuar. La inversión y priorización que haga para proteger los derechos de las niñas mujeres será un primer paso para lograr una generación de adolescentes que pueda hacer planes de vida, logre ser autónoma y encuentre la felicidad que el país le debe.

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