En la sociedad, casi todo está regulado con leyes y otras disposiciones jurídicas. Esa normativa coadyuva a vivir organizadamente, en paz y seguridad, así se cuida que el poder político, económico u otro no abuse y que se cumplan los derechos. El ideal de justicia debe ser trasfondo de cualquier ámbito regulado.
La ley, si bien ha de ser general, debe reconocer la riqueza de la diversidad, contar con sustento técnico y, obviamente, nacer de consensos políticos y con los actores sociales llamados a cumplirla. Justamente en estos días se trata un nuevo proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), mismo que genera controversia.
La tarea legislativa es inmensa, de gran responsabilidad para el país, por un lado, debe expresarse con procesos de construcción de leyes que consideren objetivamente la realidad para superar problemas sociales; por otro, se ha de ocupar de la fiscalización, misión insoslayable en democracia. Requerimos leyes idóneas para el presente y el futuro.
No necesitamos leyes impuestas, diseñadas unilateralmente desde los espacios de la burocracia, generalmente desconocedora de la esencia de cada campo en el que nos desenvolvemos personas, organizaciones e instituciones.
Sobre el proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior, es una propuesta parcial que no afronta asuntos estructurales, tampoco surge de amplia discusión y consenso de los actores de la educación superior, ni cuenta, según parece, con justificaciones técnicas suficientes como para ser aprobada.
Un ajuste así a dicha ley causaría inestabilidad al sistema. Lo que esperaríamos de una legislatura responsable es la construcción participativa de una nueva ley integral, que conectada con el resto del sistema educativo reconozca plenamente la autonomía de las diversas instituciones y auspicie los mejores niveles en docencia e investigación para la formación universitaria. La educación superior es clave para construir un futuro promisorio común. (O)
