Lo político detrás de Fundamedios

- 18 de septiembre de 2015 - 00:00

No son adalides de la libertad de expresión ni veedores imparciales del estado de la libertad de prensa en Ecuador. Son una organización que entiende y defiende a la libertad de expresión y comunicación como un vehículo de intereses burgueses y la perpetuación de un modelo liberal donde el dueño del capital también es el dueño de la información. Y donde esta información es la convención familiar sobre lo que debería ser el país: un sistema que permita perpetuar y reproducir esta concentración de la información. Es decir, un vehículo para la concentración del capital.

Esa es mi lectura de Fundamedios. Lo es hace algunos años. Desde que recibió, orgulloso, el Premio a la Libertad de Expresión otorgado por Editorial Perfil en Argentina. Un premio que recibió de las manos de Jorge Fontevecchia, antiguo director y editor de La Semana, que durante la dictadura de Videla legitimó, desde las páginas del periódico, el golpe del 76.

La lectura más reciente viene de la observación casual de sus reportes: una reproducción permanente de todo aquello que acuse el gobierno de censura. Un recuento de todo hecho que critique al Gobierno. Una reproducción de toda voz opositora. No un veedor imparcial o independiente. Una organización que responde a unos intereses determinados, y cuyo objetivo último es claro. Su accionar es una respuesta a esta visión de lo que debe ser la prensa y el poder (y en manos de quién debe estar el poder). Y sí, es un acto político.

Pero es un acto político en tanto que es un acto público. Y tratar de quitar la calidad de político a lo público es, para un gobierno que se dice ser socialista y gramsciano, harto contradictorio: fue desde el neoliberalismo que se buscó despolitizar al Estado y la economía, es decir, perpetuar el statu quo.

La Secom argumenta que Fundamedios “ha difundido mensajes, alertas y ensayos con indiscutibles tintes políticos” mientras que su “ámbito de acción debería desarrollarse en relación a la comunicación social y el periodismo”. El problema con esa lógica es que la misma constitución de una fundación es un acto político. El ser un veedor es un acto político. Y el tipo de comunicación social y periodismo que quiera promover, aunque su visión no la compartamos, sigue siendo su prerrogativa. Interpretar este acto político (en tanto es un acto público) como una manifestación de política partidista es condenar lo inherentemente político de toda acción.  

Hacerlo, entonces, es más un reflejo de intolerancia que de legalismo (aunque también es un reflejo de ultralegalismo-expedito-cuando-me-conviene). Es un organismo estatal tratando de gobernar subjetivamente lo político aceptable (aquel que se alinea) y lo inaceptable (aquello que no). Es, también, un acto político (y no solo un acto legal).

Ese parece ser el fin, más aún cuando las pruebas de esto se basan, principalmente, en la ‘difusión’ de dos blogs a través de su cuenta de Twitter. Más allá de lo tangencial de las pruebas, habría que preguntarse si la Secom hubiera actuado tan de oficio si la ‘difusión’ era de blogs a favor del Gobierno.

Muchos han caracterizado a Fundamedios como un defensor de la libertad de expresión. Yo no creo que lo sea. Pero tampoco creo que deba cerrarse. La Secom está abusando de un ultralegalismo-expedito-cuando-me-conviene contra aquello que incomoda. La ironía es que la Secom le está dando la razón a Fundamedios. (O)