Lo políticamente correcto. Esa es la pregunta que debemos hacernos ante la crisis del sistema de justicia, que sea de paso señalar resulta inédita, que se refleja en una pugna de poderes entre lo que es la administración de justicia que corresponde a juezas y jueces, y el Consejo de la Judicatura. Y luego, en ese desencanto generalizado de los ciudadanos por las actuaciones de los jueces, que no son todos, sinos unos cuantos que han afeado la imagen de la administración de justicia a nivel nacional.
¿Como resolver políticamente la crisis del sistema de justicia?. Y es que todo pasa por el elemento político cuando a esta edad de la patria los problemas de la justicia deben ser resueltos en esa cancha escabrosa y peligrosa en donde no se hacen las cosas pensando en la salud de la patria, ni en los ciudadanos, sino en los intereses político partidistas, en ese afán de insistir en la metida de la mano en la justicia, sin que se haya podido cortar el cordón umbilical existente entre el poder político y el poder judicial. No es asunto de cortar cabezas, porque eso sería cambiar de collar al perro como dice la abuela de la casa. Lo políticamente correcto entendemos es una consulta popular.
La pugna de poderes dentro de la Función Judicial que se evidenció con la suspensión del Presidente de la Corte Nacional y su regreso a través de una garantía constitucional que tuvo dos criterios jurídicos distintos, es algo no visto desde que se constituyó el primer Consejo de la Judicatura allá por la década de los 90 del siglo pasado, pues la integración del mismo tenía varias vertientes y no exactamente las que han dado origen al actual, que es eminentemente político-partidista aunque los ungidos desconozcan padre y madre a las puertas del juicio político, sonríe la abuela de la casa.
Y si ese es el origen del Consejo de la Judicatura, obviamente que las estructuras de la administración de justicia tienen el mismo signo, pese a que existan “concursos” y se apele a la “meritocracia”, que sea de paso comentar, es excluyente. De otro lado, lo incorrecto es que quien nombra es quien sanciona. Ese es el tendón de Aquiles de la administración de justicia ecuatoriana y al que hay que superarlo a través de la voz del pueblo en una consulta popular en donde las personas de calle, los de a pie, los ex pata en tierra y los de poncho como se decía antaño se pronuncien de una vez por todas sobre el tipo de administración de justicia que queremos tener.
Todo apunta a que los operadores de la justicia ecuatoriana: jueces y el órgano de administración y sanción están “midiendo fuerzas” a través de los movimientos o partidos políticos lo que nos hace ver que la Función Judicial no es independiente, pues los dos sectores al parecer necesitan del apoyo político-partidista, mientras nosotros somos los perjudicados.
La garantía del acceso a la justicia como derecho y no una dádiva del juzgador, que éste puede actuar con imparcialidad e independencia pasa por el tema de la designación que no puede ser el mismo órgano que lo sanciona, y por ende el hecho de que los juzgadores deben estar desprovistos de cualquier carga ideológica-política y más bien imbuidos de conocimiento constitucional, legal y doctrinario, toda vez que los ecuatorianos tenemos el derecho, valga la redundancia, a ser juzgados por un juez competente, es decir sabio, no necesariamente con toga y mallete, porque el hábito no hace al monje nos recuerda la abuela de la casa.
Este es el momento para que se nos consulte, si es que se debe cambiar el Consejo de la Judicatura, que su integración debe darse con candidatos de órganos colegiados y universidades; y que existan dos estamentos distintos, el administrativo y el sancionador. Los jueces deben vivir la independencia judicial no como derecho suyo sino como garantía del justiciable, y no estar sometidos al poder de turno enrostrado en quienes forman el órgano de administración, control y sanción. Estamos viviendo un sistema judicial expuesto al juego del poder.
