Se ha dicho que con el Decreto 660 el Presidente de la República ha abandonado el cargo (sus funciones y facultades, se entiende). Esta es una aseveración que no resulta persuasiva. El decreto en mención establece un Gabinete Estratégico y algunos gabinetes sectoriales, que ejercerán diferentes funciones delegadas para la coordinación de la acción administrativa del Gobierno en los diferentes sectores. Que esto implique abandonar el cargo de Presidente de la República y, en general, sus funciones ejecutivas, resulta de plano absurdo.
La propia Constitución no limita la integración de la Función Ejecutiva al Presidente de la República. El segundo inciso del art. 141 señala que integran la Función Ejecutiva el Presidente, el Vicepresidente, los ministerios de Estado y -añade- las demás instituciones necesarias para cumplir las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas y planes para ejecutarlas: los ministerios y demás no son cosa distinta del Ejecutivo, son el Ejecutivo, forman parte de él. Se trata de una pluralidad de órganos dirigidos por el Presidente de la República, que ejerce la Función Ejecutiva. Ello, en el marco de sus atribuciones, de acuerdo con el art. 147 de la Constitución (véanse los numerales 3, 5 y 6).
En este caso, el Presidente ha ejercido competencias de dirección y delegación. El Jefe de Estado retiene estas facultades, tanto que mañana podría emitir un decreto diferente en el que conformara de manera distinta los órganos y sus atribuciones respecto del Decreto 660. Las funciones del Presidente no terminan allí. Él no ha delegado potestades que no pueda delegar en el marco de nuestro ordenamiento. La potestad reglamentaria, la iniciativa legislativa, están allí, intactas. Quienes ven el problema de otra forma están pensando en un Ejecutivo de organización decimonónica, puramente unipersonal, que no corresponde a la organización constitucional actual. Por otro lado, también yo creo que se pueden hacer varias críticas a la administración actual del Ejecutivo. Quizás, en parte, porque ha tenido que dedicarse a “apagar incendios” heredados de la anterior administración. Pero también porque no ha logrado poner en marcha un ejercicio desconcentrado en pos de la eficiencia administrativa. La del Decreto 660 puede ser leída como una posible respuesta (quizás tardía) a esa necesidad. (O)
