Legitimidad democrática: una cuestión de fondo, no de formas

El gobierno nacional ha volcado todos sus esfuerzos a la aprobación de la ley de Creación de Oportunidades, una ley que desde un inicio se avizoraba compleja por la materia, la concepción y la medición de sus efectos jurídicos, políticos, sociales y económicos.

Con alta expectativa se la presentó ante el Legislativo, y es ahí donde empieza la discusión entre formas, fondo y estilo, en cuanto a la conceptualización de la ley; esta no tardó en hacerse pública y en menos de una hora desde su presentación, los primeros comentarios de apoyo y detracción se hicieron presentes.

Que difícil se vuelve en ese contexto, tratar un cuerpo normativo de ese calado y con tanta afectación (efectos); tan complejo es este que se empezó a librar una batalla como juego político entre Legislativo y Ejecutivo, y llama más la atención, la batalla del discurso que se encuentra alrededor de la ley y cómo este ha evolucionado; desde la amenaza a la reflexión, y desde la colaboración hasta el abismo, todo esto inclusive dentro de las fiestas octubrinas.

Lo que pasa en el país es un problema de la democracia y que Pedro Salazar U., en su obra “La Democracia Constitucional” lo expone de manera clara como un problema: “la legitimidad democrático – constitucional de una decisión depende de la forma en la que es adoptada, no se su contenido”.

A partir de allí, la discusión que en la actualidad tenemos no se basa estrictamente en el contenido de la ley y su constitucionalidad, sino que está basado en la forma en la que el CAL adoptó dicha decisión en cuanto a sus “verdaderas” atribuciones y funciones.

Aquí se deforma a la ley, como siempre pasa, de acuerdo a los intereses circunstanciales de las partes involucradas y de sus colaboradores. La discusión debía ser reclamada por parte de los personeros oficiales: presidente de la República y la presidente de la Asamblea Nacional, sin embargo estas voces se desvanecieron, y antes inclusive de la decisión del CAL, ya tuvimos opiniones de actores que suponían dos únicas salidas jurídicas; una que opta por empezar a contar los días para que la ley entre en vigencia por “su propio ministerio”, y otra, es que el ejecutivo rehaga el proyecto sobre la base de la especialización de la materia.

Considero que sobre esto no hay discusión, y es el ejecutivo que debe reformular el proyecto de ley. Sin embargo, debemos dejar de lado las formas y centrarnos en el fondo. La situación económica del país no es buena pero tampoco se puede aprovechar de esta para “gobernar”.